La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de Brasil intenta resolver el “impasse” que impide la distribución de 767 millones de reales en ingresos por apuestas deportivas entre atletas, clubes y federaciones organizadoras de competiciones.
Los fondos provienen de un porcentaje de los ingresos por apuestas, que debería distribuirse como pago por derechos de imagen. La medida está prevista en la Ley de Apuestas (14.790/23), que entró en vigor en diciembre de 2023, pero no definió todas las reglas para la distribución de los fondos.
El director jurídico de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), Pietro Lorenzoni, aseguró que los pagos a los comités olímpicos y las organizaciones de la sociedad civil mencionadas en la ley (APAE, Pestalozzi y la Cruz Roja) están al día a través de la Oficina Nacional de Distribución, creada por las asociaciones de apuestas.
La asociación representa a 35 operadores de apuestas que, solo en el primer semestre de este año, transfirieron 2100 millones de reales a las entidades beneficiarias.
Por su parte, Lorenzoni explicó el impasse en torno a los 767 millones asignados a atletas, clubes y federaciones. “Este dinero está reservado en una cuenta, a la espera de recibir las reglas de distribución. Queremos pagarlo, pero necesitamos saber a quién y en qué monto. Para eso, necesitamos esta regla de distribución”, dijo.
¿La recaudación de las apuestas es dinero público o privado?
Dada la omisión de la legislación, han surgido muchas dudas e incluso desacuerdos manifiestos. Las casas de apuestas, por ejemplo, creen que los fondos son de naturaleza privada, mientras que representantes del Ministerio de Deportes y la Federación Nacional de Atletas Profesionales de Fútbol (FENAPAF) creen que son fondos públicos.
Tampoco hay consenso entre los atletas sobre el alcance de los fondos y cómo se distribuirán. El presidente de la FENAPAF, Jorge Borçato, quiere que se priorice el fútbol y ha puesto a la organización a disposición para distribuir los fondos. Según el directivo, el ajuste debería hacerse mediante un proyecto de ley.
“Más del 50 por ciento de las apuestas están directamente relacionadas con el atleta: una tarjeta amarilla, un gol. Así que esa es nuestra lucha: que el atleta reciba más. Me gustaría que esta división surgiera de la Legislatura, algo que ya es un hecho”, expresó.
Por su parte, el tricampeón olímpico de judo Rafael Silva, vicepresidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Brasileño (COB), aboga por la distribución de fondos a deportes que no atraen grandes apuestas. También sugirió depositar el dinero en un fondo descentralizado, siguiendo los lineamientos de la Ley Audiovisual (Ley 8.685/93).
“Sería la manera más sencilla de reunir todo el dinero que se les debe a las federaciones, clubes y atletas en un solo lugar, para luego poder regular su distribución”, alegó.
La idea fue apoyada por la medallista paralímpica Verónica Hipólito, miembro del Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Brasileño (CPB). El abogado Leonardo Costa, especialista en derecho deportivo, sugirió la creación de una entidad similar a la Oficina Central de Recaudación y Distribución (ECAD), encargada de gestionar los derechos de autor de los artistas.
Las casas de apuestas abogan por que las federaciones definan las reglas de distribución antes de cada competición, pero los atletas se han quejado de la falta de poder de decisión en estos organismos. El Ministerio de Deportes ya ha intentado resolver el impasse, sin éxito, mediante una consulta pública y una ordenanza.
El secretario nacional de Fútbol y Derechos de la Afición, Patrick Corrêa, señaló otras soluciones en estudio, como un proyecto de ley para garantizar los derechos de los atletas y la anulación de los vetos aún no analizados por el Congreso Nacional en relación con la Ley General del Deporte (Ley 14.597/23).
La presidenta de la Comisión de Deportes, la diputada Laura Carneiro, pidió consenso para alcanzar una solución. “Estamos aquí hoy precisamente para escuchar opiniones, y luego la comisión decidirá cómo hacerlo, ya sea mediante un proyecto de ley para modificar la legislación vigente o mediante una nueva legislación”, detalló.
