Luego de otra decepción por la postergación del debate sobre la regulación de las apuestas deportivas, planeado para el 6 de diciembre, el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) se pronunció a favor de la inclusión del juego online en el Proyecto de Ley Nº 3.626/23, que debe ser abordado por el Pleno del Senado Federal.
En un principio, el proyecto únicamente contemplaba a las apuestas deportivas, mientras que en una instancia posterior se agregó, de forma imprevista, un apartado para mencionar al juego online, que incluye al casino y otras modalidades permitidas en el resto de los mercados regulados.
Si bien hubo un gran avance para las apuestas deportivas legalizadas en Brasil, la inclusión del juego online generó mucha controversia, ya que los opositores alegaban que los casinos están prohibidos por ley en todo el país y que, por lo tanto, no había razón para dejarlos operar de manera online.
Ante este inminente debate, que aseguran que ocurrirá antes de las fiestas de fin de año pero no hay altas expectativas al respecto, el IBJR afirmó que “mantener el juego online en el Proyecto de Ley Nº 3.626/23 es la forma de evitar el caos en el mercado de apuestas brasileño”.
Por un lado, el IBJR reconoce como “pertinente, necesaria y legítima” la preocupación de los opositores al juego online, pero asegura que en caso de que este apartado sea eliminado, perjudicará el panorama general de la industria del juego en Brasil, reduciendo las chances de evolucionar con transparencia y beneficios para el Estado.
La declaración del IBJR
“Si se decide no mantener el sector del juego online en Brasil, se ahuyentarán a empresas serias, brasileñas y extranjeras, dispuestas a crear un nuevo segmento para la economía del país”, argumentaron y agregaron que la falta de regulación “permite crear el ecosistema perfecto para que se promuevan grupos que no estén interesados en operar dentro de las reglas” y esto deriva en la renuncia de “ingresos multimillonarios y el impacto drástico en la cadena de patrocinio y promoción deportiva en el país”.
En este sentido, recordaron que el 70 por ciento de los usuarios que participan en ofertas de apuestas deportivas también son consumidores de juego online, en todos los mercados regulados, “lo que representa una parte relevante de los ingresos de estas empresas, superando en algunos casos, el rango del 50 por ciento”.
Actualmente, destacaron que los operadores globales interesados en Brasil ya ofrecen ambos productos en los mercados en donde tienen presencia. “En otras palabras, la consecuencia natural de eliminar el juego online del texto a considerar en el Senado es una caída en la canalización”, dijeron.
Y continuaron: “El IBJR cree que al menos el 50 por ciento de los jugadores terminarían apostando en la clandestinidad, jugando en lugares no autorizados y, por tanto, sin generar impuestos para el país, además de exponerse a estafas, adicción al juego y otros potenciales problemas”.
Asimismo, informaron que a la fecha, la facturación estimada (GGR) del sector atendido por empresas radicadas en el exterior es de aproximadamente 15 mil millones de reales al año.
“Sin los ingresos del juego online, las casas generarían el 40 por ciento sólo de las apuestas deportivas, es decir, 6 mil millones de reales, una caída del 60 por ciento en el mercado potencial y en la base de ingresos. Considerando también la pérdida de canales player estimada en un 50 por ciento, el mercado interno potencial se estimaría en aproximadamente 3 mil millones de reales al año”, sostuvieron desde el instituto.
Con una tasa prevista actualmente para las apuestas deportivas del 12 por ciento de los ingresos de los operadores, da como resultado unos ingresos estimados para 2024 de unos 360 millones de reales, “es decir, muy por debajo de las expectativas del público y de las necesidades de un futuro sostenible del mercado formal”.
Por estas razones, el IBJR “apoya a los senadores que quieren que la sociedad brasileña esté protegida de prácticas nocivas relacionadas con el juego y entiende que la inclusión del juego online en el PL 3626/23 es la forma más eficiente y legítima de formalizar y organizar un nuevo sector en la economía brasileña y proteger a la sociedad de prácticas criminales”.
