Enrique García López, secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, reconoció que es un desafío el poner en regla las máquinas tragamonedas que proliferan en comercios de la ciudad. El funcionario admitió que carecen de facultades para regularlas, debido a que es el Gobierno Federal quien se encarga de la Ley de Juegos y Sorteos.
“Hay reportes de que las máquinas tragamonedas son instaladas sobre todo en tiendas de abarrotes, sin embargo, su condición jurídica es lo que impide proceder contra ellas. El desafío está en que es necesario contar con peritajes para determinar si es una máquina tragamonedas o no, por ello es complejo que la autoridad municipal proceda contra estas”, precisó García López.
El secretario explicó que el desafío es quien otorga los peritajes para determinar que es una máquina tragamonedas o no. “Como autoridad no tengo facultades para decir que determinada máquina tragamonedas es ilegal, aunque evidentemente sepamos que lo es. Tiene que estar con una prueba pericial que realiza la Secretaría General de la República. Este es uno de los muchos de los obstáculos que tenemos para poder hacer retenciones”, agregó.
Finalmente, García López dijo que a pesar del reto que representa regular las máquinas, el Ayuntamiento de Aguascalientes buscará la manera de que ya no representen problemáticas. “Estamos trabajando para que este asunto deje de generar conflictos. Por otro lado, no podría señalar que grupos delictivos estén presionando a la gente para instalar las máquinas tragamonedas, pero sí puedo confirmar que estas existen”.
Nueva “Ley Antilavado” clasifica a los juegos de azar o las tragamonedas como posibles vías para operaciones ilícitas en México
El Senado de la República de México aprobó, a finales de junio, reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, para fortalecer el combate al lavado de dinero y mejorar la detección de operaciones ilegales mediante la colaboración entre instituciones.
La nueva “Ley Antilavado” clasifica actividades como la compra de bienes de alto valor, juegos de azar y blindaje como posibles vías para operaciones con recursos ilícitos. La iniciativa fue impulsada por el senador Javier Corral y busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien este año evaluará al país en cuestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El objetivo de la nueva ley es fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asegurar la estabilidad del sistema financiero y la salud de la economía nacional. Estas reformas buscan asegurar la efectividad del sistema mediante la imposición de sanciones proporcionales y disuasivas, incluyendo la revocación de permisos para quienes realicen actividades vulnerables y no cumplan con sus obligaciones de prevención.
Entre otras cosas, se incluyen sanciones para quienes incumplan con las obligaciones de reporte y prevención, incluyendo la revocación de permisos para actividades que la ley considera vulnerables, como los juegos de azar.
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