La Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA) expresó su respaldo al Decreto 3846, firmado el pasado 7 de mayo por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y que reglamenta la Ley 7438, que regula la explotación de juegos de azar en el país.
Se trata de un nuevo marco legal que actualiza la normativa vigente desde hace casi tres décadas, establece un plazo de 30 días para que los 263 municipios del país se adecuen a las disposiciones y reporten sus permisos vigentes, según detalló el gremio a través de un comunicado.
La normativa establece que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) ahora dependerá de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Para su cumplimiento, el decreto dispone en su artículo 10 la creación de la Dirección General de Juegos de Azar, que servirá como principal conector.
“Esta reestructuración busca fortalecer la capacidad de control del Estado. Conforme a los datos de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), son 263 municipios que deberán presentar informes”, detalla el texto de APOJA.
“Ahora todos los municipios tienen 30 días para reportar a la Dirección General de Juegos de Azar los permisos concedidos, detallando el tipo de juego autorizado y el canon percibido”, explicó a su vez Lorena Rojas, presidenta de asociación, quien afirmó que es un “avance significativo” para el sector, debido a que el rubro se encontraba operando en un marco legal “obsoleto”.
“Combatir el juego ilegal y formalizar la actividad permitirá una mayor recaudación y, con ello, más recursos para atender a los sectores más vulnerables”, aseguró Rojas.
Las exigencias de la nueva ley
Entre las disposiciones claves del decreto se exige que los sistemas de los concesionarios estén conectados en línea o en tiempo real con la autoridad reguladora, mientras que todos los equipos y dispositivos deberán contar con certificación emitida por entidades de inspección acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA), sin vínculos con el sector.
“Los sistemas de los concesionarios deberán estar conectados en línea o en tiempo real con la autoridad reguladora”, puntualizó Rojas.
También pone fin al monopolio sobre la quiniela y las apuestas deportivas, en una decisión avalada por la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) conforme a la Ley de Defensa de la Competencia.
Rojas destacó que los juegos de azar representan una actividad económica de gran relevancia, con un impacto social que debe ser atendido. En ese sentido, valoró que la nueva normativa contemple la asignación de parte de la recaudación a la Dirección de Beneficencia (DIBEN) para financiar servicios de salud.
