El Ministerio Público del Estado de Rio Grande do Norte (MPRN) logró la orden de medidas cautelares de secuestro, bloqueo e indisponibilidad de bienes por un valor de hasta 145 millones de reales, como parte de una investigación sobre un esquema de explotación irregular de apuestas, “inicialmente respaldado por una ley municipal en Bodó”.
Según el MPRN, las empresas involucradas habrían recaudado aproximadamente 415 millones de reales en un período de 10 meses, utilizando “testaferros” para facilitar el funcionamiento del esquema.
La investigación está enfocada en delitos de lavado de dinero, inducción a la especulación, contravenciones penales, asociación criminal y delitos contra las relaciones de consumo. De acuerdo con el MPRN, el esquema utilizaba la Lotería Municipal de Bodó (LOTSERIDÓ), creada por el propio municipio, como fachada “para dar una apariencia de legalidad a decenas de plataformas de apuestas online”.
La intervención del MPRN fue motivada por la conclusión de que el esquema operaba en clara contravención a la legislación, ya que los municipios no tienen competencia para autorizar la operación de apuestas.
La institución informó que la concesión de las medidas cautelares era necesaria debido al riesgo concreto de fuga de capitales, evasión fiscal y disipación de bienes. Situación que podría comprometer tanto el resarcimiento de los daños causados por la actividad irregular como la efectividad de la investigación criminal.
La investigación del Ministerio Público en Bodó
El posicionamiento del MPRN está alineado con precedentes establecidos por el Supremo Tribunal Federal (STF), que ya ha definido que los municipios no tienen atribución legal para crear, autorizar o explorar modalidades de apuestas. Para la institución, este entendimiento refuerza la falta de validez jurídica de la estructura montada en Bodó.
La investigación también identificó movimientos financieros elevados, basados en datos proporcionados por la propia Alcaldía de Bodó. La información indica que el grupo involucrado generó ingresos que resultaron en transferencias de aproximadamente 8 millones de reales al municipio, lo que representa el 2 por ciento de la recaudación bruta.
Además, según el MPRN, se observó la participación de diversas empresas con indicios de irregularidad, incluidas aquellas registradas en direcciones inexistentes y la continuación de operaciones a pesar de la baja en la Receita Federal.
El organismo también investiga posibles delitos contra las relaciones de consumo, como el uso de artimañas de falsificación digital. Como ejemplo, el MPRN destacó la inyección de códigos en dominios de alta credibilidad, como “.gov.br”, para inducir a los usuarios a creer en la legitimidad de las plataformas.
Frente a esta situación, se ha determinado el bloqueo de cuentas y la indisponibilidad de vehículos e inmuebles para garantizar la posibilidad de un resarcimiento futuro y permitir el confiscamiento de los recursos obtenidos de manera ilícita.
A solicitud de la institución, la Justicia de Rio Grande do Norte determinó el bloqueo de saldos en cuentas bancarias —corrientes, de ahorro e inversión—, el bloqueo de planes de pensiones registrados en la Superintendencia de Seguros Privados (Susep), la indisponibilidad de bienes inmuebles a través de la Central Nacional de Indisponibilidad de Bienes (CNIB) y el bloqueo de vehículos mediante el Sistema de Restricciones Judiciales sobre Vehículos Automotores (Renajud).
