El Gobierno colombiano radicó en el Congreso una nueva reforma tributaria con la que espera recaudar 26,3 billones de pesos en 2026, destinados a cubrir parte del Presupuesto General de la Nación.
La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, contempla aumentos en impuestos al consumo —particularmente sobre licores y tabaco—, ajustes en combustibles, renta, patrimonio, gravámenes ambientales y, de forma especialmente sensible, la aplicación del IVA a los juegos de suerte y azar, tanto presenciales como online.
Según explicó Ávila, la propuesta busca “garantizar no solamente que financiamos el 2026, sino que estamos dando estabilidad macroeconómica a mediano plazo”, sin afectar productos de la canasta básica ni a los estratos bajos y medios.
Las cuentas del Ministerio de Hacienda muestran que la mayor fuente de ingresos será el consumo, con 7,8 billones de pesos, casi el 30 por ciento del total. Solo el aumento del IVA en aguardiente y ron, que pasará del 5 al 19 por ciento, aportaría 435.800 millones, mientras que whisky, brandy, vodka y otras bebidas sumarían 245.800 millones, para un total de 681.600 millones únicamente por licores.
El impuesto al tabaco también tendrá un ajuste fuerte, con un incremento del 58 por ciento, que dejaría cerca de 762.000 millones por cigarrillos y 309.000 millones por vapeadores, superando el billón de pesos.
Los combustibles, por su parte, recaudarían 2,6 billones en el primer año, cifra que se elevaría hasta 8,1 billones en 2030. El impuesto al patrimonio aportaría 2,27 billones, mientras que los juegos de azar, en todas sus modalidades, estarían llamados a entregar 1,63 billones.
El ministerio justificó estas medidas en la necesidad de corregir desequilibrios fiscales y de “internalizar los costos sociales asociados al consumo de alcohol y tabaco”. Según sus proyecciones, si no se vuelven a tramitar reformas adicionales, el recaudo tributario debería subir hasta 37 billones en 2030, un crecimiento del 40,7 por ciento en cinco años.
“Más que imponer un ajuste drástico que ponga en riesgo la recuperación económica, se plantea un esquema transitorio que cree el espacio necesario para financiar el funcionamiento del Estado”, señalaron desde el gobierno.
El impacto de la reforma tributaria a los juegos de azar online
El punto más polémico de la tributaria es la permanencia del IVA del 19 por ciento sobre los depósitos en plataformas de apuestas online, una medida que nació en 2023 como temporal, vinculada a la crisis del Catatumbo, pero que ahora se convierte en definitiva.
Para los gremios del sector, el impacto será letal. Entre marzo y junio, los ingresos operativos reales de las empresas cayeron en promedio un 32 por ciento, pese a que los depósitos de los jugadores se mantuvieron estables. Según Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos, la baja responde a “el esfuerzo financiero que han asumido las diferentes empresas mediante la entrega de bonificaciones, con el fin de no trasladar el IVA a los usuarios finales”.
Esa estrategia permitió contener el descontento de los jugadores, pero redujo drásticamente los aportes al Sistema de Salud. Así, de 40.000 millones en enero se pasó a un promedio mensual de 27.000 millones entre marzo y junio, lo que equivale a 13.000 millones menos cada mes.
En total, el IVA representa el 53 por ciento de los ingresos operativos de las plataformas, a lo que se suman los derechos de explotación, cercanos al 15 por ciento.
“Es una carga insostenible desde el punto de vista financiero”, advirtió el presidente de Fecoljuegos, recordando que la industria aportó 436.000 millones a la salud en 2024 y esperaba alcanzar 536.000 millones este año, meta que ahora parece imposible.
Por otro lado, Asojuegos, otro de los gremios del sector, coincide en las alertas. Su presidente, Juan Carlos Restrepo, aseguró que el impuesto desincentiva la legalidad y fomenta el traslado de usuarios hacia plataformas extranjeras no reguladas.
“El efecto de este IVA causa un gran desplazamiento hacia la ilegalidad y hacia plataformas internacionales que no tienen contrato en Colombia. Eso significa menos recursos para la salud y un golpe a la legalidad”, dijo en entrevista radial. Asimismo, cuestionó el incremento de la retención en premios, que pasará del 20 al 30 por ciento, lo que, en su opinión, envía “un mensaje negativo” a los jugadores.
El propio gobierno ha defendido que este tributo no afecta a la clase media ni a los sectores más vulnerables, pero los gremios contradicen esto. De esta forma, Restrepo recordó que en 2024 hubo cerca de 8 millones de cuentas activas de usuarios online, presentes en todos los estratos sociales.
“Si bien los estratos medios y altos son más frecuentes, también en barrios populares se realizan recargas de manera permanente”, explicó. Para Fecoljuegos, gravar la entretención significa “privar a la gente de oportunidades de distracción” y, en la práctica, dejar a la industria con una carga impositiva de entre el 70 y el 80 por ciento.
En este contexto, las asociaciones del juego legal han pedido al Ejecutivo abrir espacios de diálogo para modificar la base gravable del impuesto y evitar que recaiga directamente sobre los depósitos de los usuarios.
“Estamos dispuestos a discutir con el gobierno soluciones, porque corresponde buscar salidas responsables. Lo importante es no seguir incentivando la ilegalidad ni afectar los ingresos que recibe la salud”, concluyó Restrepo.
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