La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Brasil que ha sido creada para investigar los distintos casos de amaño de partidos en el fútbol local ha compartido su Plan de Trabajo para los próximos meses.
En el documento, la Comisión presidida por el Diputado Julio Arcoverde aclara que hubo al menos 130 partidos bajo sospecha de amaño, por lo que era necesaria la CPI para poder “esclarecer los hechos y adoptar todas las medidas necesarias para la efectiva regulación” de las apuestas deportivas.
Para poder enfocar el objetivo de la CPI, se mencionaron tres focos principales. El primero responde a la necesidad de investigar los partidos sospechados, aunque haciendo una separación entre los profesionales y los amateur.
Si bien el CPI solo alcanza a los partidos profesionales y excluye a los amateur o a los correspondientes a otros deportes, le comunicará sus investigaciones a las autoridades correspondientes para que puedan investigar y sancionar a quien corresponda.
El segundo foco aclara que se investigarán tanto las competencias masculinas como las femeninas y revela que “el fútbol profesional femenino también se está viendo afectado por este problema”.
El tercer punto se refiere al alcance que tiene la CPI. Es decir, no solo investigará lo develado por el Ministerio Público de Goiás y por reportes públicos, sino que también podría llegar a investigar a otros deportistas o apostadores y entidades.
“Es crucial para el éxito de un CPI que, además de realizar labores investigativas enfocadas en identificar los delitos y sus autores o partícipes, el colegiado también se dedique al análisis y reflexión…y sobre la estructura de incentivos que llevaron a los agentes a cometer o intentar cometer las ilegalidades investigadas”, aclara el CPI.
También cita otra resolución previa y dice que “la falta de regulación en el sector [de apuestas] aún deja vacíos que permiten a los delincuentes actuar de mala fe para manipular el resultado deportivo”.
Al finalizar la CPI, se compartirán los resultados de las investigaciones y, si es necesario, propuestas legislativas para modificar la regulación.
El plazo final de la CPI es el 28 de septiembre de este año, con un total de 120 días hábiles desde el comienzo de la discusión.
