La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley para exigir a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) que se aplique la Ley 6.903/22, que regula el mercado de las máquinas tragamonedas.
Dicha norma va contra el contrato que tiene el regulador con la empresa iCrop y le da a los municipios la facultad de autorizar y controlar las slots fuera de los casinos.
Sin embargo, Conajzar aún mantiene vigente el acuerdo y, por eso, se aprobaron dos proyectos para exigir la aplicación de la mencionada ley: uno insta a la entidad a reglamentar la implementación de la norma en conjunto con las municipalidades, mientras que la otra reclama el retiro de máquinas en lugares públicos a los que tengan acceso menores de edad.
Contrario a cómo funcionaba anteriormente la instalación en la industria local, las municipalidades ahora estarán a cargo de las concesiones y los permisos para explotar los juegos de azar, tal como dispone el proyecto, pero en coordinación con Conajzar.
Los municipios deberán analizar las ofertas de las empresas interesadas en operar máquinas tragamonedas y definir cuál es la mejor y si cumple con las normativas. Por otro lado, la Ley 6903 describe que los municipios también tendrán la potestad de imponer multas, que llegarán a un salario mínimo vigente, aunque, en caso de reincidencia, se multiplicará.
Asimismo, para controlar el pago de premios, deberá existir una base de datos para poder identificar a los jugadores, así como a la máquina por la cual se accedió al premio y el valor de la apuesta, entre otros detalles.
Según la coordinadora técnica de Conajzar, Livia Buzo, sigue vigente la Resolución N°34, que establece el vínculo con iCrop y que, según la Fiscalía, es ilegal desde la promulgación de la mencionada Ley. De todos modos, aseguró que hoy (viernes 29) un consejo evaluaría la reglamentación de la nueva norma.
