El Consejo de Ministros de España aprobó esta mañana el Real Decreto del Ministerio de Consumo que regulará la publicidad sobre el juego y las apuestas y que le representará una pérdida de más de 90 millones de euros a los clubes de La Liga.
La aprobación llega días después de que la Asociación Europea de Juego y Apuestas (EGBA, por sus siglas en inglés) le pidiera al Gobierno que revisara las restricciones, ya que consideran que no están respaldadas por datos y que podrían violar ayudas estatales de la Unión Europea.
En una conferencia de prensa, el ministro de Consumo Alberto Garzón dijo que “las inversiones en publicidad sobre los juegos de azar y apuestas se han disparado en los últimos años de manera extraordinaria, han inundado los medios de comunicación y la vida cotidiana”. Sin embargo, no respondió a las cifras de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), que indican que las loterías estatales son los mayores anunciantes de juegos en el país.
“Con el Real Decreto damos respuesta a una necesidad o a la alarma social que se había generado en los últimos años de manera justificada y a las cuestiones que teníamos que hacer desde el sector político. Satisface un punto del Gobierno de coalición y pone sobre la mesa medidas necesarias para corresponder con las evidencias científicas y la alarma social planteada”, justificó el ministro de Consumo.
“Ante este fenómeno, damos respuesta con el Real Decreto que aprobamos esta mañana, y el objetivo es defender la salud pública, proteger a los colectivos más vulnerables, como menores, jóvenes y las personas con determinadas conductas patológicas que se pueden desplegar como consecuencia de uso intensivo de este tipo de actividades”, añadió.
Con la entrada en vigor del Real Decreto, una vez que se publique en el Boletín Oficial, se prohibe todo anuncio de juegos en televisión y radio, a excepción de la franja horaria de la 1 am a las 5 am. “Aún así, en ese tramo, los mensajes tendrán que estar enormemente restringidos a una serie de elementos incluidos en la norma de manera que no puedan fomentar el uso de esta actividad. Será imposible en esos medios volver a ver publicidades de estos juegos”, dijo.
También estará prohibida la publicidad en internet, redes sociales y prensa online. “Esto alcanza a los eventos deportivos y, desde el momento que entre en vigor, no será posible que sigan estándolo”, agregó.
“Las personas famosas tampoco podrán participar en anuncios de juegos de apuestas, ya que ejercen un rol de influencia enorme entre las personas menores. Queda prohibido el patrocinio de las actividades deportivas, equipos de fútbol, baloncesto, e instalaciones por parte de los operadores de apuestas que hasta ahora han tenido un papel muy importante en estas instituciones. Asimismo, se prohiben los llamados bonos de captación”, dijo Garzón.
Por otra parte, el ministro de Consumo se refirió a los contratos que actualmente están en vigor, y aclaró que tendrán un tiempo de transitoriedad de una temporada deportiva, por lo que deberán cancelarlos antes de agosto de 2021, tal como le había informado a los equipos a fines de octubre.
“Es un plazo razonable que permite a los operadores de juegos de apuestas y a empresas vinculadas tener un tiempo suficiente para adaptar sus relaciones comerciales, de financiación y garantizar la viabilidad económica de todos los afectados”, concluyó.
Ante el cuestionamiento de permitir que SELAE y ONCE puedan seguir publicitando, el partido de Garzón, Izquierda Unida, dijo: “Modificar la Lotería del Estado o la ONCE requiere modificar la propia Ley del Juego, lo cual requeriría un trámite legislativo de varios años. El Real Decreto actúa dentro del marco permitido, no puede modificar una ley. Son trámites distintos, cada cosa a su tiempo”.
Javier Tebas, presidente de La Liga, recientemente explicó que estas restricciones le costarán alrededor de 90 millones de euros a los clubes, y que estas prohibiciones le harán perder competitividad con otras ligas, como la Premier League.
Si bien La Liga y sus equipos habían pedido un período de transición mayor, Consumo determinó un plazo de menos de 9 meses, aunque dijo que “una cancelación inmediata con la temporada 2020-2021 ya iniciada podría suponer la quiebra de varios proyectos deportivos”.
