La Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) volvió a apuntar contra la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por la Resolución N° 34/2020, que le dio a iCrop S.A. el poder sobre las tragamonedas fuera de los casinos.
Según citó abc a Lorena Rojas, presidenta de Apoja, “se quebrantó la Constitución Nacional al sacarle la autonomía a los municipios y resoluciones anteriores de la comisión”.
Por otro lado, dijo que “se utilizó un artilugio de modalidad nueva para darle fondo a este contrato (…) y ya está contemplado (por la regulación de las slots fuera de salas de juego) en la Ley N° 1.016 de 1997”.
Conajzar revocó la resolución el último 10 de junio tras la presión de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, semanas después de la promulgación que estipulaba claramente que los municipios eran los responsables del control que le había delegado a iCrop.
A pesar de eso, Rojas calificó el accionar del regulador como “lamentable” y volvió a reclamar que el contrato debería haberse anulado por su inconstitucionalidad.
Más allá del tardío reclamo de Apoja, Conajzar ya revocó la Resolución N° 34/2020 y, por tanto, cortó las facultades de la empresa privada. Ante ese escenario, iCrop presentó una demanda contra la entidad ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primer Turno.
