El Proyecto de Ley n.º 5.582/2025, conocido como Proyecto de Ley Anti-facción, fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Senado de Brasil el miércoles pasado (10 de diciembre), generando un nuevo impuesto para la industria del juego y las apuestas.
La propuesta establece un nuevo marco legal para combatir el crimen organizado en el país. Dado que el Senado modificó el texto aprobado originalmente por la Cámara de Diputados en noviembre, la versión presentada por el senador Alessandro Vieira deberá volver a la Cámara para su posterior análisis.
Además de endurecer las normas para los regímenes penitenciarios y aumentar las penas para los miembros de grupos criminales, el documento incluye la creación de la Contribución para la Intervención en el Dominio Económico (CIDE) sobre apuestas online, denominada CIDE-Apuestas.
El nuevo impuesto del 15 por ciento se aplicará a las transferencias financieras realizadas por particulares a las casas de apuestas, es decir, a los depósitos de los jugadores. Se estima que el nuevo impuesto recaudará aproximadamente 30.000 millones de reales anuales, destinados al Fondo Nacional de Seguridad Pública.
El senador también incluyó una enmienda a la redacción, en sintonía con el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Ingresos Federales, que contempla medidas para empresas no reguladas, con el fin de reducir la actividad de las plataformas ilegales en Brasil.
Así, la Agencia del Senado informó que la norma temporal propuesta por Vieira, destinada a regular las casas de apuestas sin licencia, podría recaudar hasta 7 mil millones de reales.
“Una casa de apuestas ilegal solo opera porque alguien patrocina su publicidad y porque alguna institución permite el pago”, afirmó Vieira.
El impuesto fomenta el mercado ilegal
Para el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), la iniciativa de gravar los depósitos de los apostadores refuerza el mercado ilegal y beneficia al crimen organizado.
El IBJR repudió vehementemente la aprobación del impuesto Cide-Bets por parte de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado, considerándolo una medida que fortalecerá el crimen organizado. Con el pretexto de financiar la seguridad pública, el texto comete un error histórico: “otorga a las plataformas clandestinas, muchas de ellas financiadas por facciones criminales, la mayor ventaja competitiva jamás vista en el mercado”, como declaró el IBJR en un comunicado oficial.
El Instituto explicó que la nueva tasa impositiva reduce el monto efectivamente transferido a la plataforma. Así, al depositar 100 reales, por ejemplo, el jugador solo podrá utilizar 85 debido a los impuestos. Sin embargo, en los sitios ilegales, el monto total permanece, lo que puede incentivar a los apostadores a migrar a empresas sin licencia.
El IBJR también recordó la reciente investigación realizada por LCA Consultoria Econômica, que señala la magnitud del mercado ilegal en Brasil: cerca del 51 por ciento de las empresas operan sin licencia, moviendo hasta 78 mil millones de reales al año sin pagar impuestos. Por el contrario, los operadores que cumplen con la legislación deben contribuir con aproximadamente 9 mil millones de reales en impuestos durante el primer año del mercado regulado.
“Se habla de recaudar 30 mil millones de reales anuales de un mercado formal que actualmente genera alrededor de 36 mil millones. Por lo tanto, se proyecta que se recaudarán impuestos casi equivalentes a la totalidad de los ingresos del sector regulado, lo cual es matemáticamente imposible y hace inviable la actividad económica formal”, declaró el IBJR.
En una entrevista con SBC Notícias Brasil, Andre Gelfi, miembro del Consejo de Administración del IBJR, explicó que el problema no es pagar impuestos, sino aceptar la coexistencia con el mercado clandestino.
Por su parte, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) también expresó su preocupación por la nueva propuesta fiscal. La ANJL considera que la excesiva tributación del mercado regulado impulsa a los usuarios a plataformas ilegales.
“En la práctica, la medida debilita el marco legal, reduce la recaudación y amplía el poder económico de los grupos que operan al margen de la ley”, destacó la ANJL en un comunicado oficial.
La publicación también incluyó una declaración de Plínio Lemos Jorge, presidente de la ANJL: “Existe la creencia errónea de que la carga fiscal total sería solo del 12 por ciento. En la práctica, este 12 por ciento representa un componente adicional a todos los impuestos que ya paga cualquier empresa en Brasil”.
