Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación de México, informó ayer que la reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que se anunció en septiembre de 2025, entró en su etapa final. La propuesta legislativa ya está lista y será puesta a consideración del gabinete de seguridad antes de avanzar en el proceso.
“Ya está casi terminada la revisión interna de la ley hacia las diferentes dependencias que conforman el gobierno y que pueden tener alguna incidencia en estos lugares que son casinos y establecimientos para apuestas o centros de entretenimiento”, expresó la funcionaria en su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Rodríguez explicó que la propuesta ya se ha revisado con distintas instancias del gobierno federal y que el siguiente paso es someterla al gabinete de seguridad antes de que pueda avanzar hacia el Congreso.
La secretaria recordó que “desde el inicio de esta administración, sostuvo una reunión con permisionarios de las dos principales industrias del sector para fijar condiciones de operación”.
La funcionaria dijo haberles advertido directamente que “no corrompieran al personal de la dependencia, bajo la amenaza de cerrar sus negocios y encarcelar a los funcionarios involucrados”, y que a cambio las autoridades avanzarían en la regularización de trámites pendientes. Añadió que no cuenta con representantes ni intermediarios para tratar asuntos con la industria.
En el balance de estos dos años, Rodríguez reconoció que ha habido sanciones y cierres de establecimientos por presuntos vínculos con lavado de dinero y defraudación fiscal, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Rodríguez contó que la cifra pública es de 13 casinos, aunque estimó que el número de establecimientos con problemas asciende a unos 20, sin precisar la cifra exacta.
México fortalece la prevención del lavado de dinero en el sector del juego
Hace unas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Las nuevas normas son parte de la implementación de las reformas a la Ley y a su Reglamento publicadas en 2025 y 2026, respectivamente, fortaleciendo el marco regulatorio aplicable a quienes realizan “Actividades Vulnerables” y consolidando el régimen de prevención del lavado de dinero.
En el país, se consideran “Actividades Vulnerables” a los sectores económicos lícitos, comerciales, profesionales o de servicios, que por su naturaleza son susceptibles de ser objeto de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los que se encuentran los juegos con apuesta, concursos o sorteos.
Las nuevas reglas desarrollan las disposiciones previstas en la legislación, establecen criterios para su aplicación y precisan las obligaciones de los sujetos obligados, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su implementación, supervisión y verificación, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de las disposiciones en la materia.
Se destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. A partir de este modelo, quienes realizan Actividades Vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas, mediante metodologías que fortalezcan la gestión de riesgos y permitan una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, las reglas fortalecen las medidas de conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos.
De igual forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de sus unidades, ejercerán sus atribuciones bajo un Enfoque Basado en Riesgo, orientando las acciones de supervisión y verificación hacia los sectores y actividades con mayor exposición a ser utilizados para el lavado de dinero.
Las disposiciones incorporan además un modelo de cumplimiento proporcional, mediante el cual las obligaciones y las acciones de supervisión se aplicarán considerando el nivel de riesgo de cada Actividad Vulnerable.
Este esquema permitirá optimizar los recursos destinados a la prevención, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales y facilitar la implementación de controles acorde con las características de cada sector.
La entrada en vigor de las nuevas disposiciones se realizará de manera gradual, con el propósito de facilitar su implementación, permitir que los sujetos obligados actualicen sus procesos internos y desarrollen las capacidades necesarias para cumplir con el nuevo marco regulatorio, favoreciendo una transición ordenada y eficiente.
