El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) presentó un proyecto normativo que propone reducir las multas máximas para los operadores de juegos y apuestas a distancia, mientras incorpora nuevas obligaciones para la publicidad, supervisión técnica y acceso a plataformas.
La iniciativa, publicada para consulta pública el 21 de octubre, plantea modificar el reglamento de la Ley N.° 31557 y reducir de 200 a 70 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) el tope de las sanciones por infracciones muy graves.
La propuesta no crea un nuevo marco regulatorio, sino que introduce cambios en las disposiciones que rigen la actividad. Entre los aspectos que busca revisar se encuentran los mecanismos de fiscalización, la trazabilidad de las operaciones, la protección de los usuarios y los requisitos técnicos de las plataformas.
Uno de los cambios centrales del proyecto corresponde a “la escala de sanciones”. Bajo las reglas actuales, las infracciones leves pueden recibir multas de hasta 50 UIT, las graves alcanzan un máximo de 150 UIT y las muy graves pueden llegar a 200 UIT. El nuevo esquema contempla “amonestaciones o multas de entre una y 11 UIT para las faltas leves, sanciones de entre una y 35 UIT para las graves y multas de entre una y 70 UIT para las muy graves”.
En los casos más severos, el ministerio también conservaría la posibilidad de cancelar la autorización de funcionamiento o imponer inhabilitaciones de hasta 10 años o de carácter permanente.
El proyecto establece, además, criterios para calcular las multas, entre ellos el beneficio ilícito obtenido, las posibilidades de detectar la infracción, el daño ocasionado, la intencionalidad, el impacto sobre el mercado y los consumidores, la reincidencia y la capacidad económica del responsable.
Como principio general, el monto de la sanción no podrá superar el 10 por ciento de los ingresos brutos anuales del operador correspondientes al año anterior a la infracción. Sin embargo, ese límite no se aplicaría a quienes reincidan ni a quienes operen plataformas o salas sin autorización. En caso de que el infractor no presente documentación que permita acreditar sus ingresos, el Mincetur podrá aplicar la multa máxima prevista para la falta.
La iniciativa también contempla reducciones en las sanciones para quienes admitan su responsabilidad. El descuento sería del 50 por ciento si el reconocimiento se produce antes de la emisión del informe final de instrucción, del 35 por ciento si se presenta antes de la resolución sancionadora y del 25 por ciento si el infractor paga la multa sin recurrir la decisión. Estas reducciones no estarán disponibles para quienes reincidan.
Mincetur también aborda la publicidad
En cuanto a la publicidad, el proyecto dispone que únicamente podrán promocionarse juegos, apuestas y plataformas que cuenten con una autorización vigente del Mincetur. Los anuncios deberán incluir la identificación del titular y el número de autorización correspondiente.
También se prohibirán los mensajes dirigidos a menores de edad y aquellos que presenten las apuestas como una forma de generar ingresos o resolver dificultades económicas. Las piezas publicitarias tampoco podrán vincular el juego con el prestigio, el éxito social, la aceptación de otras personas o el atractivo personal.
Las advertencias sobre el juego problemático deberán permanecer visibles durante al menos cinco segundos en contenidos audiovisuales y digitales. En los anuncios impresos o estáticos, en tanto, deberán ocupar como mínimo el 10 por ciento de la superficie total, con un tamaño de letra y un contraste que permitan leerlas con claridad.
Las obligaciones alcanzarán asimismo a influencers y creadores de contenido, quienes tendrán que identificar las publicaciones de carácter publicitario y evitar dirigirlas a audiencias compuestas principalmente por menores de edad. Los operadores autorizados serán responsables de los contenidos difundidos por las agencias, los terceros y los influencers que contraten.
La fiscalización de las infracciones publicitarias estará a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mientras que el Mincetur supervisará los anuncios en plataformas y salas dentro del ámbito de sus competencias.
El proyecto también propone modificar algunos requisitos técnicos aplicables a los operadores. Entre los cambios figura la eliminación de la obligación de entregar de manera permanente usuarios y contraseñas antes del inicio de las operaciones. En su lugar, el acceso a sistemas, bases de datos e informes quedaría sujeto a solicitudes específicas del Mincetur durante las tareas de fiscalización.
En cuanto a las cuentas de los jugadores, la propuesta reduciría de ocho a cuatro caracteres la longitud mínima de las contraseñas y ampliaría de 30 días a seis meses el plazo para realizar una reautenticación completa. A su vez, las comprobaciones automáticas del software crítico pasarían de una frecuencia de 24 horas a una revisión cada 30 días.
Por otra parte, el ministerio podría requerir información detallada sobre depósitos, retiros, premios, bonos, cuotas, eventos, mercados, cuentas de jugadores y proveedores. La iniciativa también habilitaría el comiso de bienes utilizados en actividades que operen sin autorización o sin la homologación correspondiente.
Mincetur adelantó a SBC Noticias cambios en la regulación publicitaria de Perú
En una entrevista exclusiva concedida a SBC Noticias esta semana, durante la conferenciaIAGR 2026 en Lima, Yuri Guerra Padilla, director general de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur, anticipó que el Gobierno preparaba modificaciones normativas para reforzar la regulación de la publicidad de apuestas, revisar aspectos vinculados con el impuesto selectivo al consumo (ISC) y ampliar la coordinación institucional en materia de juego responsable.
El funcionario explicó que la nueva etapa regulatoria buscaría establecer criterios más claros para los mensajes de advertencia sobre los riesgos del juego y los procedimientos sancionadores. También advirtió que, si las medidas iniciales no fueran suficientes para corregir los excesos publicitarios, el Gobierno podría evaluar restricciones más severas.
