El diputado nacional de Brasil Wilson Santiago presentó el proyecto de ley 2766/20 para establecer un protocolo sanitario en todos los comercios que continúen activos durante la pandemia, como las loterías. El fin del protocolo es evitar las aglomeraciones de ciudadanos en los locales.
Según el proyecto, las sucursales bancarias y las casas de loterías oficiales en todo el país deberán cumplir con reglas de acceso, mientras el país se convierte rápidamente en uno de los más afectados por el virus a nivel mundial. Así, autoriza a los locales a recibir un máximo de 10 personas a la vez.
En este sentido, también obliga a los clientes y al personal bancario y de loterías a usar tapabocas y a incluir las prácticas de higiene para evitar la propagación, como el distanciamiento social, la utilización del alcohol en gel, y evitar darse las manos o tocarse.
Asimismo, el proyecto obliga a los estados y los municipios a monitorear el cumplimiento de la norma, mientras que fija una multa de 2 mil reales para los infractores. La recaudación generada por estas multas será derivada de inmediato a la lucha contra la pandemia.
“El pago de la ayuda gubernamental durante el estado de emergencia creó un caos para la política de aislamiento social, principalmente, porque puso a miles de brasileños en largas filas y aglomeraciones”, dijo Santiago, según reportó Games Magazine Brasil. “Al no obedecer la distancia social mínima, los brasileños arriesgan sus vidas para recibir este subsidio”, concluyó.
Desde el comienzo de la crisis, las loterías han sufrido procesos de idas y vueltas, hasta que el Tribunal Regional Federal de la 2da Región de Río de Janeiro determinó que debían ser agregadas nuevamente a la lista de actividades esenciales durante la pandemia COVID-19.
Esta última decisión suspendió el decreto provisional del 1er Tribunal Federal de Duque de Caxias, que había justificado que las loterías promovían la aglomeración de personas. Tras esta resolución, la Abogacía General de la Unión (AGU) apeló la decisión en representación del gobierno brasileño, que buscaba que los servicios lotéricos reanudaran sus operaciones.
Según el abogado general de AGU, André Mendonça, las loterías son esenciales para la población pobre porque allí consiguen dinero para sus necesidades básicas. La resolución final menciona que el cese de actividades pone en riesgo a la economía y a la salud pública, ya que la ausencia de loterías podría desencadenar en un aumento de la circulación de personas en sucursales bancarias. Así, el tribunal subrayó que busca “preservar el interés público”.
