La Cámara Municipal de Sorocaba (São Pablo, Brasil) informó la prohibición de la publicidad de apuestas deportivas y juegos de azar en espacios públicos. La nueva normativa restringe la difusión de esta actividad en instalaciones públicas y eventos municipales.
A través de la Ley N.º 13.585/2926, se estableció que el incumplimiento de la medida podrá derivar en advertencias, multas y la suspensión de la licencia de publicidad o de la autorización para utilizar el espacio público.
Según la Cámara Municipal de Sorocaba la prohibición “alcanza a los vehículos e instalaciones del transporte público, terminales y paradas de autobús, además de tótems, paneles, carteles publicitarios y dispositivos electrónicos de propaganda instalados en áreas públicas. La medida también se aplica a eventos organizados, financiados o respaldados por la administración municipal”.
Como justificación de la ley, se mencionaron los impactos sociales asociados a las apuestas online y a la publicidad digital: “Estos juegos están profundamente difundidos en la sociedad mediante campañas publicitarias masivas, influencers en internet, tráfico pago, equipos de fútbol e incluso su exhibición en pantallas gigantes, carteles publicitarios y adhesivos en autobuses, lo que implica utilizar el espacio público para fomentar una práctica adictiva y profundamente perjudicial”.
La medida adoptada por Sorocaba se suma a la de otros municipios que también han restringido la publicidad de apuestas en distintas regiones del país, como Campinas, Ribeirão Preto, Cuiabá, Río de Janeiro y Belo Horizonte, además de los estados de Rio Grande do Sul y Minas Gerais.
Sin embargo, las nuevas normas también han sido objeto de cuestionamientos legales por parte de entidades del sector, que sostienen que los estados y municipios estarían excediendo sus competencias al establecer reglas propias para la publicidad de apuestas, un asunto que corresponde a la competencia federal. En Rio Grande do Sul, por ejemplo, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) contra la ley estatal.
El caso también recibió pronunciamientos favorables a la suspensión de la norma por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Abogacía General de la Unión (AGU). Aunque la norma ya se encuentra en vigor, la acción todavía está pendiente de una decisión del STF.
