Trabajadores del casino de Temuco, operado por Dreams, se manifestaron en contra del juego online. Según la presidenta del sindicato que reúne a más de 200 empleados, Mónica Castro, el juego online “puede transformarse en un problema mayúsculo para las miles de fuentes laborales de la industria regulada”.
Los comentarios se dan luego de que la empresa chilena denunciara a Betsson por “juego ilegal en internet”, lo que reavivó un debate que lleva casi un año en Chile: la operación de apuestas online en el país.
En este marco, Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda de Chile, hizo pública la intención del gobierno de regular el sector online para generar cerca de 55 millones de dólares por año a través de los impuestos.
Sin embargo, desde el sindicato de Dreams se oponen a las propuestas y aseguran que han denunciado estos sitios ante la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
“El funcionamiento de una competencia desleal, por medio de un negocio ilegal, es una amenaza para las fuentes laborales de quienes trabajamos de manera presencial y directa en la industria de Casinos de Juego en Chile”, declaró Castro.
Así, le recordó al nuevo presidente Gabriel Boric que “su promesa siempre fue proteger a trabajadoras y trabajadores, y en este rubro somos más de 28 mil a nivel nacional”.
Por su parte, el fiscal de Dreams Carlos Silva hizo comentarios al medio local La Voz de Pucón sobre la denuncia contra Betsson. “Esta denuncia es un primer paso. Creemos que a ella se pueden sumar otros casinos, y luego, en el marco de la investigación que realice la fiscalía, sin duda, esto derivará en querellas”, dijo.
Mientras tanto, la regulación propuesta en el país apunta a otorgar una licencia renovable de 5 años, o una temporal por seis meses, no renovable. Todo tipo de juegos estaría habilitado, con la excepción de loterías y los que atraigan a menores. Estas sociedades deberán estar establecidas en Chile y demostrar los fondos necesarios para poder operar. Además, deberán detallar a sus accionistas y beneficiarios y reportar todo tipo de operación sospechosa.
Además, estas sociedades estarán sujetas a un impuesto, que reemplazaría al IVA, del 20 por ciento de sus ingresos brutos, así como también el pago de 1000 UTM por licencia renovable y 100 UTM por licencia temporal. Los operadores que se enfoquen en las apuestas deportivas también deberán destinar el 2 por ciento de sus ingresos brutos a la Federación Nacional del deporte que sea parte de la actividad, y un 1 por ciento extra para llevar a cabo acciones de juego responsable.
