Carlos Baigorri, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, dijo que no es posible garantizar el bloqueo de las casas de apuestas online ilegales. Para él, serían necesarias otras herramientas tecnológicas y, lo más importante, cambiar la legislación para establecer castigos severos a las empresas que operan en el mercado paralelo.
Baigorri destacó, en audiencia pública esta semana ante el Tribunal Supremo Federal (STF), que los sitios web tienen muchas “formas de eludir” estas restricciones: “Hoy, el Estado brasileño no está en condiciones de garantizar que este bloqueo sea efectivo”.
Para el presidente, “la situación del mercado está establecida”. Los sitios y aplicaciones de apuestas seguirán existiendo, incluso si se deroga la Ley de Apuestas. El gobierno necesitará, según Baigorri, contar con herramientas para garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria.
Además, Baigorri destacó el intento de aumentar el actual poder de Anatel, para poder centrarse en mejorar la eficiencia en el bloqueo de plataformas sin autorización. Incluso afirmó que ya fue entregado al Senado un proyecto de ley (PL) con una propuesta de cambio.
Facultades legales de Anatel
Actualmente, Anatel tiene autoridad legal para dictar órdenes, supervisar y sancionar a los agentes de telecomunicaciones.
En octubre de este año, el Ministerio de Hacienda pidió a Anatel bloquear más de dos mil sitios de apuestas que no respetaban la legislación. Algunas de estas empresas crearon plataformas alternativas para seguir operando en el país.
Para Baigorri, las casas de apuestas online “son agentes del ecosistema digital completamente ajenos al poder regulatorio, supervisor, normativo y sancionador del Estado brasileño”.
En una anterior oportunidad, el Tribunal Regional Federal 1 (TRF1) de Brasilia estimó parcialmente la demanda de la Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj) que pretende autorizar a Anatel para que verifique si los operadores de juego online y apuestas de Río de Janeiro tienen legitimidad para operar en el estado, determinando así la suspensión de las actividades de aquellas que no cuenten con licencia otorgada por el municipio.
