En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se llevó a cabo la reunión entre Gonzalo Atanasof, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), y los representantes de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. El encuentro se concretó para avanzar en el debate del megaproyecto de ley que busca regular la actividad del juego online en el territorio y para que el presidente del ente regulador responda consultas sobre esta iniciativa integral.
De esta manera, el titular del organismo provincial defendió el trabajo realizado en torno a la participación de menores de edad en el juego online, uno de los grandes focos que pretende atacar el proyecto presentado por los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto.
A su vez, Atanasof se encargó de detallar las cifras que componen el mercado del juego online actualmente en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, sorprendió al revelar que apenas un 20 por ciento corresponde a las siete plataformas autorizadas, mientras que el 80 por ciento restante se atribuye a la oferta ilegal.
Provincia de Buenos Aires: según el IPLyC, hay un 80 por ciento de juego ilegal
A comienzos de octubre se presentó en la Cámara de Diputados el megaproyecto de ley que busca regular de manera integral el juego online en la provincia de Buenos Aires. Y una de las máximas preocupaciones que impulsaron el desarrollo de la propuesta fue la participación de menores de edad, la fuerte presencia de plataformas clandestinas y el juego problemático.
En este contexto, y según revelaron desde Diputados Bonaerenses, Gonzalo Atanasof brindó más información sobre la actualidad de la actividad en el territorio bonaerense y detalló que apenas un 20 por ciento de la oferta pertenece a los operadores autorizados: Bet365, Betano, Betsson, BetWarrior, bplay, Sport.bet.ar y Stake.
“Ese 80% del juego nosotros no estamos teniendo la posibilidad de controlarlo, ni siquiera ver qué es lo que está pasando, solo lo hacemos a través del ciberpatrullaje y las denuncias que registramos”, advirtió.
A su vez, reveló la cantidad de dinero que mueven estos sitios ilegales en la provincia: “Para tener una magnitud del dinero que se mueve en la ilegalidad, el último desembolso del FMI fue de 1.000 millones de dólares y el Presupuesto del Ministerio de Justicia de la Nación es de 1.400 millones: el juego ilegal en Argentina es de 3.600 millones de dólares, tres veces más que los otros datos”.
Por su parte, el titular del IPLyC se mostró a favor de que se avance con la propuesta legislativa y ratificó su disposición para aportar datos, observaciones y mejoras: “Queremos ser parte de la discusión, ayudar desde nuestros datos y conocimiento para poder hacer la mejor ley, que sea la más efectiva y vaya en beneficio de todos los bonaerenses”.
Los pedidos del IPLyC en la reunión con la Comisión de Juegos de Azar
Según informaron desde Diputados Bonaerenses, durante el encuentro con la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, el IPLyC fue consultado sobre las herramientas que necesita para optimizar la lucha contra las apuestas online ilegales. Al respecto, el organismo solicitó:
- La incorporación en el Código Penal de la figura de “presunto infractor”, para evitar la rápida replicación de nuevos dominios de juego ilegal.
- La inclusión del juego online ilegal en la Ley Nacional 27.319, que determina qué se considera crimen organizado en la Argentina.
- La reforma del artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la operación de juegos de azar sin autorización. La modificación exigida apunta a evitar que el acusado pueda acceder a la suspensión de juicio a prueba si cumple ciertas reglas durante un tiempo fijado, un recurso que hoy termina impidiendo el decomiso definitivo de los bienes.
Ante esta situación, Silvestre remarcó: “Queremos modificar el artículo, que quedó vetusto para estas cuestiones. El decomiso de los bienes se lo generamos al final de la causa. Nos ha pasado una gran cantidad de veces que termina el proceso, se aplica una suspensión de juicio a prueba, no hay reconocimiento de culpabilidad y tenemos que devolver los bienes incautados”.
