Tras varias prórrogas establecidas las últimas semanas, finalmente ha llegado el día en que la jueza Kenya Romero, coordinadora del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana, dará a conocer el fallo por el Caso Calamar.
Se trata de una investigación contra una organización de funcionarios públicos que habría ejercido, entre 2017 y 2020, un entramado de corrupción para cobrar sobornos a empresas de loterías, juegos y apuestas a cambio de no clausurar los negocios.
El fallo surge luego de la negociación de ayer (lunes 3) en que el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con 14 de los 20 imputados, a la espera de que se determine el fallo esta tarde.
Por su parte, el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, junto con el ex contralor general, Daniel Omar Caamaño; el ex director del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo y el funcionario Aldo Antonio Gerbasi fueron los que no han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público.
En su comunicado oficial, el ministerio aseguró que ha presentado “los elementos suficientes para que se imponga prisión preventiva por 18 meses contra seis imputados que no han admitido su culpabilidad en la red de corrupción”.
En este sentido, la procuradora fiscal Rosa Alba García agregó: “El Ministerio Público entiende que están todas las condiciones dadas para que se acoja la solicitud respecto a lo que hemos planteado de los seis imputados que no han acordado con el Ministerio Público la imposición de la medida de coerción”.
Durante la audiencia de ayer, Julián Omar Fernández, ex director de Juegos de Azar en el Ministerio de Hacienda, se declaró culpable de las imputaciones, lo que apunta a esta red que buscaba beneficios económicos por parte de operadores, autorizados y sin licencia, de juegos de azar, loterías y apuestas deportivas.
La lectura del fallo se ha fijado entre las 10 am de hoy (martes 4) y las 3 pm para cada uno de los 20 acusados. Por el momento, la investigación se basará en los cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros, contra todos los funcionarios implicados.
Los documentos, liberados el pasado lunes 21 de marzo, acumulan más de 3 mil páginas con 1.200 elementos de pruebas, según compartió el Ministerio Público a la prensa dominicana. Allí se demostraría que la organización sustrajo “más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2.100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones”.
