Ayer martes 22, se iba a llevar a cabo la primera audiencia del caso “Operación Calamar” ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana, que finalmente decidió aplazar el conocimiento de la solicitud de medida de coerción para el próximo domingo 26.
Siguiendo la decisión de la jueza Kenya Romero, coordinadora del juzgado, la audiencia se fijó para el 26 a las 9 am, luego de que los abogados defensores alegaran no tener conocimiento pleno del expediente.
El caso envuelve a funcionarios de altos cargos acusados de cobrar sobornos, calculados en 19 mil millones de pesos, a operadores de juegos, loterías y apuestas deportivas bajo la amenaza de clausurar sus negocios si no aportaban la contribución mensual.
Actualmente, se encuentran detenidos 19 funcionarios, entre los que se encuentran el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero —considerado uno de los responsables de la organización—; el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y del Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Todos los detenidos, por el momento, formaban parte del gobierno del expresidente de República Dominicana Danilo Medina, mientras que los delitos se habrían cometido entre os años 2017 y 2020.
El Ministerio Público ha presentado cargos contra los acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Según declaró la directora de Persecución del Ministerio Público, Yani Berenice Reynoso, las pruebas del caso son “sobreabundantes”, por lo que confía plenamente en que “el caso será declarado complejo”. En estos comentarios, Reynoso agregó que el caso tendrá un alto perfil durante todo el proceso, ya que se trata de una “red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país”.
Además de los mencionados, otros acusados son Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Piccirilo, ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional; y Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, ex directores de Casinos y Juego de Azar.
La organización tenía como eje cobrar “impuestos” ilegales a operadores de juegos de azar, loterías y apuestas deportivas con y sin licencia en República Dominicana, bajo la amenaza de que Hacienda clausuraría los negocios en caso de no contribuir mensualmente con este pago; también se los acusa de gestión de cobros fraudulentos por deudas de obras, por expropiación o ventas de terrenos.
En total, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de República Dominicana estima que se recaudaron más de 19 mil millones de pesos, pero la cifra podría aumentar a medida que avance la investigación y declaren los acusados.
De acuerdo a los documentos presentados por el Ministerio Público, este total representa entre el 70 y el 100 por ciento de los pagos que la organización de funcionarios gestionó para el Estado.
El primer paso del domingo que viene será definir si el juzgado acepta la solicitud del Ministerio Público, que consiste en 18 meses de prisión preventiva para los imputados y declaración de complejidad del caso.
“La estructura criminal tenía un registro de cada caso de expropiación y de cómo se distribuían los fondos de cada libramiento que autorizaba el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, y lo que le correspondía al candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el imputado Gonzalo Castillo, que se identificaba con el codinome ‘Oficial’”, revela el expediente presentado.
Ahora, la directora de Persecución del Ministerio Público pidió a la defensa que “se tomen por los menos la responsabilidad” de leer el expediente acusatorio para poder avanzar en el caso.
“El Ministerio Público ha estado, por varios meses, haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares internacionales, por que este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada, muy poco visto en la región”, sentenció Reynoso.
