En una decisión de alto impacto para el sector del juego, la Corte Suprema de Chile declaró ilegales a las casas de apuestas online que operan sin licencia oficial en el país y ordenó a las principales compañías de telecomunicaciones —Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR— a bloquear de manera inmediata sus plataformas.
El fallo, emitido el 29 de septiembre de 2025 por la Tercera Sala, acogió un recurso de protección de la Lotería de Concepción y revocó la sentencia previa de la Corte de Apelaciones, que había rechazado la acción.
La resolución surge a partir de la negativa de las operadoras de internet a bloquear sitios como Betano, Coolbet, JugaBet, Rojabet o Betsson, pese a la solicitud expresa de la Lotería. Para el máximo tribunal, esa omisión “vulnera los derechos constitucionales de la entidad, que junto a la Polla Chilena de Beneficencia, los hipódromos y los casinos cuenta con concesiones legales exclusivas para organizar sorteos y juegos de azar en Chile”. En modalidad online, sólo Lotería, Polla y Teletrak tienen habilitación expresa para operar, ya que el resto del mercado se encuentra en un gris legal.
Pese a que no hay prohibición legal, el dictamen enfatiza que los juegos de azar son ilícitos en Chile salvo a través de licencias, lo que significa que las telecomunicaciones no pueden transmitir ni facilitar actividades contrarias al ordenamiento.
La Corte recordó que el principio de neutralidad de red protege únicamente contenidos legales, por lo que la negativa de las empresas a bloquear sitios fue considerada “ilegal y arbitraria”. La decisión se tomó con mayoría de votos, con la disidencia de la ministra Mireya López y del abogado integrante Carlos Urquieta, quienes eran partidarios de confirmar el rechazo inicial.
Durante el análisis, el tribunal consideró antecedentes entregados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que desde 2020 ha enviado al Ministerio Público información de casi doscientas plataformas, y por la Subtel, que en 2023 ya había instruido bloqueos tras una sentencia similar. Polla Chilena intervino como tercero coadyuvante, apoyando la postura de la Lotería de Concepción.
El mandato obliga a las empresas proveedoras de internet a aplicar bloqueos efectivos y sostenidos sobre los sitios señalados, salvo que sus operadores acrediten autorización en Chile. Así, el fallo no sólo consolida la tesis de la ilegalidad de las apuestas online sin marco normativo, sino que también refuerza la responsabilidad de las telecomunicaciones como garantes de su cumplimiento.
Chile, en camino hacia la regulación
Este fallo se da en paralelo a la tramitación legislativa del proyecto que busca regular las plataformas de apuestas online, actualmente en segundo trámite en el Senado. La iniciativa apunta a transformar un mercado estimado en más de 150 millones de dólares anuales en Chile, hoy dominado por operadores ilegales, en un sector regulado, fiscalizado y con aportes al Estado.
El objetivo de la ley es “proteger la salud de las y los jugadores —con foco en menores de edad—, transparentar el origen y destino de los recursos, garantizar la fe pública mediante certificaciones de aleatoriedad, fomentar un mercado competitivo y, al mismo tiempo, incrementar la recaudación fiscal”. Actualmente, se estima que el Estado podría recibir alrededor de 84 mil millones de pesos al año.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha subrayado que se trata de ordenar una industria que ha crecido al margen de la ley desde 2022, “sin pagar impuestos, sin cumplir normas y con riesgos de excesos”.
Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, ha insistido en que además del vacío legal, “el problema radica en la falta de trazabilidad sobre los dueños de las plataformas y los fondos que administran, lo que abre la puerta a delitos de lavado de activos y financiamiento ilícito”.
Bajo esta propuesta, la Superintendencia de Casinos de Juego se transformará en la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, con atribuciones ampliadas para fiscalizar y sancionar. Al mismo tiempo, se incorporará un régimen tributario específico y un sistema de licencias que permitirá regular a los operadores autorizados, al tiempo que sancionará con severidad a quienes permanezcan en la ilegalidad.
La reciente decisión de la Corte Suprema, en ese contexto, acelera la presión sobre la discusión parlamentaria y refleja la necesidad de que la normativa avance.
