Los mercados regulados de juego online y apuestas deportivas de Argentina están atravesando una serie de cambios debido a la gran demanda social por la promulgación de estos servicios, sobre todo entre menores de edad en páginas ilegales. Por eso, el gobierno de Córdoba aceptó el debate para modificar la ley 10.793, aprobada en 2021, que permitió la entrada en vigor del mercado provincial de forma oficial.
Según comunicó la prensa argentina, el gobierno de la provincia liderada por Martín Llaryora habilitó el debate de un paquete de 14 proyectos presentados por distintas bancas políticas, que apuntarían a la restricción de la industria regulada de juego online y apuestas deportivas.
“Este abanico de iniciativas impulsadas por radicales, peronistas, juecistas y el vecinalismo va desde la derogación de la norma y la rescisión de las licencias a las empresas concesionarias, hasta la puesta en marcha de programas de prevención y atención a la ludopatía online, pasando por los datos biométricos –punto clave– para la restricción de los menores, la prohibición o regulación de la publicidad y los influencers, y un observatorio del juego”, describieron en Perfil de Córdoba.
Además, se estableció un plazo de 20 a 30 días máximo para que el dictamen llegue al recinto.
Los proyectos que más acuerdos generan en Córdoba
Dentro de las propuestas para reformar la ley 10.793, se establece la obligatoriedad de incorporar los datos biométricos de los apostadores inscritos en el registro de jugadores en las cuatro plataformas ya habilitadas en la provincia. Paralelamente, también se propondrá “la condición de que los usuarios registren una cuenta bancaria, sin dar lugar a billeteras virtuales”.
Asimismo, se sumaría una prohibición total de la publicidad del juego online y de los influencers, “a excepción de la promoción de las licenciatarias autorizadas por Lotería de Córdoba”.
Seguidamente, se conformaría un “observatorio de seguimiento”, con el fin de monitorear estrictamente las operaciones de la industria, integrado por legisladores del oficialismo y la oposición y representantes de organismos vinculados a la niñez, el Comipaz y de ámbitos profesionales como el Colegio de Psicólogos.
Finalmente, el cuarto punto importante recaería en la educación, donde se obligaría a impartir cursos de prevención de juego problemático entre menores de edad especialmente. “Existe la voluntad política de garantizar mayor presupuesto para las acciones de atención a las víctimas de la ludopatía por juegos y apuestas online”, subrayaron.
Más allá de estos cuatro puntos en común que generan consenso dentro de los 14 proyectos, también se debatirá la posibilidad de prohibir la emisión de nuevas licencias, prohibir los patrocinios deportivos por parte de casas de apuestas, prohibir la regulación de nuevas modalidades de juego y prohibir la participación en estas plataformas de ciudadanos que obtengan subsidios del Estado.
“Hoy derogar la ley es pretender tapar al sol con la mano. Lo que proponemos es modificar la ley para darle un rol más activo al Estado en la regulación y control del juego”, comentó la legisladora María del Rosario Acevedo.
Por su parte, su colega Walter Nostrala retrucó: “No podemos mirar hacia otro lado ni ser tibios. No hay dinero que pague el daño ocasionado y ni pensar el que se puede seguir generando si no lo detenemos ya”.
