La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) anunció que el grupo peruano Corporación Meier retiró su postulación para operar el casino municipal de la ciudad de Talca, en la región del Maule.
El regulador anunció que, la semana pasada, la compañía (que se había postulado bajo la sociedad Casino de Juego del Maule S.A.) “presentó el desistimiento a su postulación a un permiso de operación de casino de juego en la comuna de Talca”.
A partir de este anuncio, la SCJ dictó la Resolución Exenta N°811, que pone término a la participación de dicha sociedad en el proceso de licitación de esa plaza. Así, deberá reiniciar un nuevo proceso de otorgamiento de permisos para esta plaza.
La disputa entre Corporación Meier y la SCJ
El proceso se había iniciado en julio de 2020 y Casino de Juego del Maule S.A. era una de las 11 sociedades de las cuales 10 se adjudicaron los permisos de operación en agosto de este año.
Sin embargo, la postulación de Corporación Meier quedó en disputa porque la SCJ descalificó a su única competidora, Marina del Sol Talca S.A. (Marina del Sol), que interpuso un recurso de reposición en contra. A partir de eso, el regulador determinó suspender la apertura de la oferta del grupo peruano hasta que se resolviera el conflicto.
El grupo había reclamado que se suspendieran los procesos de concesión de los casinos municipales de Talca y San Antonio, denunciando que los montos de inversión establecidos por el concurso permitían a los dueños de concesión actuales puedan utilizar obras existentes para componer hasta el 80 por ciento del proyecto económico.
Sin embargo, la SCJ rechazó la crítica y dijo que es una acusación falsa ya que se trata de “una regla establecida a nivel reglamentario de cumplimiento necesario por esta autoridad”.
Según el ente regulador, las bases técnicas del concurso tienen como objetivo principal “la promoción de la libre competencia” y señaló que se licitó un informe en derecho y otro económico para garantizarlo.
La SCJ detalló que el primero de estos informes fue adjudicado a los abogados Francisco Agüero y William García; y el segundo a Marcelo Villena, a través de la empresa Econometrics.
