La comunidad autónoma española de Cantabria había iniciado una actualización de su Ley del Juego, que prometía generar severas restricciones a la industria.
Sin embargo, el coordinador de Izquierda Unida, Isael Ruiz Salmón, manifestó la oposición del partido al proyecto regulatorio debido a que no se incluye una prohibición a los patrocinios al deporte por parte de los operadores autorizados de juegos y apuestas.
Ruiz Salmón acusó al gobierno de haber demostrado “sumisión al lobby empresarial” por no establecer mayores controles sobre la publicidad del juego en los eventos deportivos.
Mientras tanto, la consejera de Presidencia, Paula Fernández, ya presentó ayer (miércoles 7) el anteproyecto de Ley de Juego, que ahora atravesará un período de información pública antes de que se debata formalmente por parte de los legisladores.
Pese a la queja del partido de izquierda, la ley establecerá condiciones para reducir la proliferación del juego en la comunidad autónoma, como la ampliación de la distancia mínima entre salones de apuestas y centros escolares y de salud mental de 500 a 700 metros. Asimismo, se contemplará que esta distancia mínima aplique a hospitales, asociaciones juveniles y residencias.
Por su parte, el Gobierno local anunció que se incluirán “una serie de principios a los que deberá someterse la publicidad del juego, como son la identificación de las comunicaciones comerciales y del anunciante, el principio de veracidad, el principio de juego seguro y, de especial relevancia, el principio de protección de menores de edad”.
Además, determinaron que “se establecerán, por primera vez, medidas de prevención del juego patológico”, mientras que se creará una Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento de las Medidas de Prevención, “en la que tendrán cabida representantes de todos los sectores implicados, así como personas de reconocida competencia profesional o científica, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar”, concluyeron.
