Durante la inauguración de la quinta edición del Foro Nacional de la Cadena de Suministro, Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, afirmó que el aumento del impuesto sobre los GGR (Ingresos Brutos del Juego) podría ser mayor al sugerido.
Durante el evento, organizado por la Asociación Brasileña de Supermercados (Abras), Alckmin recibió propuestas de la asociación y coincidió con algunas de ellas: “Me gustó su propuesta. No solo el 18 por ciento, que es la propuesta del gobierno, sino el 27 por ciento. Esto evitará que muchas familias se vean perjudicadas y que la sociedad en su conjunto se vea perjudicada”, declaró el vicepresidente.
La propuesta actual del gobierno, que se presentará como Medida Provisional al Congreso, sugiere restablecer la tasa del 18 por ciento sobre el GGR, propuesta originalmente por el Ministerio de Hacienda. Tras su debate en el Congreso, la tasa se fijó en el 12 por ciento.
“La propuesta del gobierno es aumentarlo al 18 por ciento, pero podemos colaborar con el Congreso para aumentarlo aún más”, añadió Alckmin al respecto.
El vicepresidente también destacó la importancia de aplicar el Código de Protección al Consumidor a la publicidad de apuestas deportivas: “En las apuestas, deberíamos aplicar el Código de Protección al Consumidor, que contempla la publicidad engañosa. Decir que alguien se hará rico y millonario apostando es claramente publicidad engañosa”, detalló.
Finalmente, Alckmin comparó el juego problemático con la adicción al cigarrillo y al alcohol, defendiendo restricciones similares a las de estos sectores: “Debería haber límites para los problemas que provocan enfermedades”.
El IBJR se pronuncia en contra del aumento del impuesto al GGR
El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) expresó su profunda indignación ante la propuesta del gobierno federal de aumentar la tasa impositiva sobre los ingresos brutos (GGR) de las apuestas online del 12 al 18 por ciento. En un comunicado publicado el lunes pasado, el instituto calificó la medida de inaceptable, afirmando que inviabiliza la operación de muchas empresas que confiaron en el proceso regulatorio, genera inseguridad jurídica y podría resultar en una pérdida de ingresos.
A principios de 2025, 66 operadores pagaron 30 millones de reales cada uno por la concesión a cinco años, totalizando más de 2.300 millones de reales ya recaudados. Según el IBJR, dado que toda la planificación de estas empresas se estructuró con base en la tasa del 12 por ciento, un cambio a mitad del contrato comprometerá el equilibrio económico-financiero y socavará la confianza en el entorno regulatorio brasileño.
“El sector continúa buscando el diálogo con el gobierno y el Congreso Nacional. De ser necesario, recurriremos a los tribunales para garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica”, declararon en el texto.
