El pasado lunes 21 de septiembre, el Consejo de Políticas del Juego de España se reunió por primera vez en dos años, tras un llamado del ministro de Consumo Alberto Garzón. Mediante un comunicado oficial, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) informó que se aprobó el proyecto de unificación de registros de jugadores prohibidos.
Según habían revelado, Garzón tenía el objetivo de reunir a las comunidades autónomas para desarrollar la interconexión de registros de autoexcluidos. El ministro argumentó que los jugadores problemáticos registrados en una comunidad autónoma podían acceder a las ofertas de juego en la comunidad vecina, por lo que la idea es unificar los registros y estadísticas para tener un control federal.
“De esta forma, el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla avanzan hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El acuerdo alcanzado ha contado con el apoyo de todas las Comunidades Autónomas, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana”, informó la DGOJ.
Por otro lado, el Consejo de Políticas del Juego también aprobó por unanimidad el acuerdo para formalizar la nueva estructura organizativa de la Administración General del Estado en dicho Consejo.
Jdigital celebra el nuevo registro único de prohibidos
“Los miembros de la Asociación Española de Juego Digital, que representa a más del 80 por ciento de operadores de juego online en España, consideramos que se trata de un avance importante en la protección de los usuarios y queremos recordar que el sector siempre se ha mostrado favorable a la creación de este tipo de medidas”, aseguraron en un comunicado de prensa.
En este sentido, ofrecieron su “colaboración y conocimiento sobre el funcionamiento de esta industria de cara a la definición e implantación de los mecanismos que puedan proteger a los usuarios de la forma más eficiente”, resaltando el compromiso de los operadores con el juego responsable.
“Finalmente, reiteramos que somos totalmente partidarios de impulsar una regulación justa, equitativa y proporcionada a la realidad del juego en España, donde la incidencia de la ludopatía en España se mantiene estable en un 0,3 por ciento de la población de entre 15 y 65 años desde 2015, tal como indica el Plan Nacional Sobre Drogas”, concluyeron.
