La reciente decisión de la Corte Suprema de Chile, que en un fallo dividido aprobó un recurso presentado por la Lotería de Concepción y ordenó el bloqueo de múltiples plataformas de apuestas online, provocó un fuerte rechazo por parte de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea.
En un comunicado publicado esta semana, el gremio afirmó que la medida introduce un alto grado de incertidumbre en el sector y que, de mantenerse, el Estado podría dejar de percibir cerca de 800 millones de dólares anuales en impuestos.
Así, la asociación recordó que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago había ordenado el cierre definitivo de una investigación penal vinculada al tema, mientras que el Ministerio Público decidió no perseverar en la causa.
Según remarcaron, ambas decisiones “ratifican que las apuestas online no están prohibidas en Chile ni constituyen delito”. En ese sentido, insistieron en que la responsabilidad de resolver la situación no corresponde al Poder Judicial, sino al Congreso Nacional, donde actualmente se debate un proyecto de ley sobre la materia.
Las plataformas subrayaron la necesidad de contar con “una regulación moderna y urgente”, similar a la que aplican los países de la región. “Nuestra posición ha sido clara y consistente: queremos que esta actividad sea regulada en Chile. Las empresas que integran esta agrupación ya operan bajo exigentes marcos normativos en otros países, con políticas de protección a menores, resguardo de datos personales y prevención de lavado de activos”, aseguró el abogado Carlos Baeza, representante legal de la entidad.
Del otro lado, la Lotería de Concepción celebró el fallo de la Suprema como un precedente clave. En un comunicado, la empresa estatal sostuvo que la resolución “va en directo beneficio de la ciudadanía” y que “bloquear los sitios ilegales de apuestas online no es una opción, sino un mandato legal”. Además, la institución defendió que el “principio de neutralidad de red no ampara actividades ilícitas y que los proveedores de internet deben impedir el acceso a plataformas no autorizadas, del mismo modo en que bloquean contenidos de pornografía infantil o malware”.
El fallo de la Corte reaviva el debate sobre la regulación
La resolución judicial se suma al debate abierto por las diferencias entre las proyecciones fiscales del Gobierno y las estimaciones de la industria. Mientras el Ministerio de Hacienda calculó ingresos por 198 millones de dólares al quinto año de aplicación de la futura ley, la agrupación de plataformas sostiene que el Estado podría recaudar entre 600 y 800 millones anuales si la actividad fuera regulada. Según un estudio de la consultora estadounidense Yield Sec, el mercado chileno de apuestas online movió unos 3.100 millones de dólares en ingresos brutos durante 2024.
El origen del fallo se remonta a mediados de 2024, cuando la Lotería de Concepción interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para exigir a las principales empresas de telecomunicaciones —Claro, Entel, GTD, Movistar, WOM y VTR— el bloqueo de decenas de sitios web de apuestas. Aunque la Corte de Apelaciones había rechazado inicialmente la solicitud, el tribunal revocó esa decisión y determinó que solo Lotería, Polla y Teletrak cuentan con autorización legal para operar juegos de azar en formato online.
Pese al dictamen, Baeza minimizó su impacto y señaló que “el efecto práctico del fallo es cero”, ya que las plataformas podrían modificar sus direcciones URL y seguir funcionando. Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), su presidenta Cecilia Valdés refutó esa interpretación, asegurando que el fallo “ratifica lo dictaminado en 2023” y que “sí tendrá efectos concretos en una actividad que hasta hoy opera fuera del marco legal”. La dirigente añadió que los proveedores de internet serán los encargados de garantizar el cumplimiento de la medida, que calificó como “decisiva e inapelable”.
En paralelo, el Senado chileno continúa con el debate de la ley que busca regular el mercado de apuestas online. La iniciativa, presentada en 2022 y aprobada por la Cámara de Diputados a fines de 2023, se encuentra actualmente en la Comisión de Economía.
El senador Gustavo Sanhueza adelantó que el texto “podría quedar en condiciones de ser despachado antes de fin de año” y que prevé un consenso generalizado en torno a su aprobación. La propuesta contempla la creación de licencias de operación bajo supervisión de la nueva Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, así como un impuesto especial del 20 por ciento sobre los ingresos brutos anuales de las plataformas.
