La SCJ de Chile se pronuncia sobre el bloqueo total a casas de apuestas online

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La Corte Suprema de Chile determinó esta semana el bloqueo total de las plataformas de apuestas deportivas por no contar con una licencia expresa del regulador nacional, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). En este marco, el jefe de la División Jurídica de la SCJ, Manuel Zárate, explicó que el fallo no solo confirma la ilegalidad de estas plataformas, sino que también responsabiliza a las empresas de telecomunicaciones por no cumplir con su deber de bloquearlas.

El fallo del máximo tribunal respondió a un recurso de protección interpuesto por la Lotería de Concepción, operador estatal, tras la negativa de las empresas Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR a bloquear plataformas como Betano, Coolbet, Betsson, Latamwin y Betwarrior.

Asimismo, en septiembre de 2023, la Polla Chilena de Beneficencia, otro operador de loterías estatal, había impuesto una acción similar que también fue aprobada en tribunales. 

Ahora, la Corte reafirmó que “los juegos de azar en formato online son ilícitos en Chile salvo cuando cuentan con autorización expresa”, lo que en la práctica limita la oferta a la propia Lotería de Concepción, la Polla Chilena, Teletrak y los hipódromos y casinos regulados por ley, ya que no hay una regulación establecida de juego online y apuestas deportivas y, por lo tanto, la SCJ no otorga licencias para estas verticales.

Según detalló Zárate, la Corte consideró que la negativa de los prestadores de internet constituyó un acto “ilegal y arbitrario, dado que la neutralidad de red solo ampara contenidos legales”. En palabras de Zárate, “las compañías podían y debían cortar el servicio a las páginas identificadas en el recurso, y al ser un fallo de la Corte Suprema, la aplicación debe ser inmediata”.

De esta forma, afirmó que el fallo “ratifica, reafirma, que hay un actuar ilegal y arbitrario por parte de seis empresas prestadoras de servicios de internet al negarse a bloquear determinados sitios que ofrecen servicios de apuestas online, apuestas deportivas o experiencias de casino en el mundo virtual, por así decirlo”.

El fallo, además, revocó decisiones previas que habían rechazado los reclamos de las loterías estatales, y puso en el centro del debate la discusión sobre la territorialidad de estas plataformas. En este sentido, el funcionario destacó que “hay que clarificar que los recursos de protección no estuvieron interpuestos en contra de las plataformas, sino en contra de las empresas que prestan estos servicios a las plataformas de juego online”.

Mientras el Ministerio Público había optado en el pasado por no perseverar en algunas investigaciones argumentando que los operadores no tenían sede en Chile, el fallo de la Suprema sostuvo que varias de estas casas de apuestas sí están domiciliadas dentro del territorio nacional.

Ante esto, Zárate concluyó: “Este recurso de protección se puso en contra de las empresas de prestadores de servicios de internet, que deberían entender, dado que es una fallo de la Corte Suprema, que deberían hoy mismo estar bloqueando los sitios que fueron identificados en el recurso de protección interpuesto por la Lotería”.

La reacción de la industria de Chile

Por su parte, Carlos Baeza, representante de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, calificó la resolución como “equivocada” y aseguró que carece de fundamentos sólidos. En su visión, se trata de una medida de alcance limitado que no resuelve la falta de un marco regulatorio claro. 

En paralelo, el Senado chileno avanza en el debate de una normativa que busca regular las plataformas de apuestas online. Así, la iniciativa legislativa pretende, además, establecer un impuesto especial del 37,6 por ciento a estas actividades, lo que podría generar ingresos fiscales superiores a los 800 millones de dólares anuales.

La propuesta, además de fijar un marco legal para los operadores autorizados, busca proteger a los usuarios frente a riesgos de juego problemático y al mismo tiempo condenar los delitos asociados como el lavado de activos y el financiamiento ilícito.