Se publicó en la Gaceta Oficial de Panamá la Ley 527 que introduce nuevas medidas para prevenir y controlar el juego problemático en el país, mediante mayores controles sobre casinos, plataformas digitales de apuestas y operadores de juegos de azar online. El Órgano Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses.
La normativa establece límites de gasto y tiempo para los usuarios, controles biométricos de identidad, reconocimiento facial en casinos y facultades para bloquear plataformas digitales que operen sin autorización en el país.
La ley reconoce al juego problemático como una cuestión de salud pública y plantea mecanismos para reducir los riesgos asociados al crecimiento de las apuestas digitales, especialmente entre menores de edad y personas vulnerables.
Entre las disposiciones más relevantes, la legislación obliga a las plataformas digitales de apuestas a implementar herramientas que permitan a los usuarios configurar límites voluntarios de gasto y tiempo, además de emitir alertas automáticas ante conductas consideradas de riesgo.
Las plataformas también deberán incorporar sistemas de verificación biométrica de identidad y edad para impedir el acceso de menores de 18 años a juegos de azar y apuestas online.
En paralelo, los casinos completos y salas de máquinas tipo A deberán integrar tecnologías de reconocimiento facial en sus sistemas de videovigilancia para identificar a personas excluidas por resolución de la Junta de Control de Juegos de Panamá.
Qué establece la ley prevenir el juego problemático
Uno de los aspectos más relevantes del texto es el fortalecimiento de las facultades de la Junta de Control de Juegos para actuar contra operadores no autorizados. La entidad podrá ordenar el bloqueo, suspensión o restricción de acceso a páginas web, aplicaciones, dominios y direcciones IP vinculadas con apuestas o juegos de azar que operen sin licencia vigente en Panamá.
La medida también alcanza a operadores de telecomunicaciones y proveedores de internet, que deberán cumplir de forma inmediata las órdenes de bloqueo emitidas por la autoridad competente. La legislación establece multas de hasta un millón de balboas para las empresas que incumplan estas disposiciones.
Además, la ley crea un fondo administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Instituto de Salud Mental para financiar programas de atención y tratamiento de personas diagnosticadas con juego problemático.
Los recursos provendrán del 0.5 por ciento de los ingresos anuales que pagan al Tesoro Nacional los operadores regulados de juegos de azar.
La Junta de Control de Juegos deberá realizar auditorías anuales a casinos, plataformas digitales y operadores de apuestas para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa. La legislación también ordena al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación desarrollar contenidos preventivos sobre juego problemático y riesgos asociados a los juegos de azar en centros educativos oficiales y particulares.
El texto incorpora multas entre 25 mil y 100 mil balboas para operadores que incumplan las medidas de prevención y control. En casos de reincidencia, las sanciones podrán duplicarse y derivar en la suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias.
