El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella presentada por la Fundación de Jugadores en Terapia por Ludopatía contra varias casas de apuestas en Chile.
Las acciones legales surgen en medio de la polémica por los patrocinios de casas de apuestas deportivas en el fútbol profesional chileno. Por eso mismo, los demandantes exigen que se cite a declarar al representante de futbolistas Fernando Felicevich y a Pablo Milad, Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).
En su denuncia, la Federación apunta puntualmente contra ocho casas de apuestas en Chile, que, a su vez, tienen acuerdos de patrocinio con equipos de primera división. De ahí que se cite al mencionado representante, que medió en alguno de los contratos entre operadores y clubes, y del titular del organismo rector del fútbol, que también cuenta con un sponsor de la industria.
Patrocinios de casas de apuestas en Chile
Según los datos oficiales, 11 de los 16 clubes de la primera división del país cuentan con algún tipo de patrocinio de casas de apuestas en Chile, además de la selección chilena. Por esta razón se presentó ante la Comisión de Deportes la propuesta de prohibición de este tipo de acuerdos, apoyada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que emitió una advertencia sobre los operadores internacionales respecto de sus patrocinios al deporte local.
“En Chile las apuestas son ilícitas a menos que cuenten con una autorización expresa. Por ello, solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak pueden operar determinados juegos de azar o apuestas en línea. Cualquier otra persona natural o jurídica que lo haga cometerá un ilícito”, aseguró el regulador local.
El debate surge en paralelo a la propuesta redactada por el Ministerio de Hacienda, con la que se pretende regular el juego online y las apuestas deportivas. El proyecto ya cuenta con apoyo de los operadores de casino locales y varios legisladores.
La defensa de la ANFP
El presidente de la ANFP, advirtió recientemente que “las casas de apuestas son un soporte significativo de los clubes”.
Según citó La Tercera, el dirigente explicó que, si bien “no es fundamental” el dinero que llega de estos acuerdos “es un porcentaje que aporta al financiamiento de los clubes (…) que tienen una actividad deficitaria, según los balances auditados”.
Para Milad, los acuerdos con casas de apuestas en Chile no van contra la Ley: “Hoy día no hay una regulación, por eso nosotros vamos por ello. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es ilegal si no está normado. En el mundo se ha regularizado y yo no puedo decir que el fútbol esté avalando algo ilegal, yo no estoy de acuerdo”, aseguró.
Además, explicó que las instituciones deportivas “(facturan) con IVA a las agencias correspondientes y la mayoría tienen asidero en Chile u otras no”.
“Restar, de un día para otro, todos estos aportes disminuyen también el apoyo al fútbol formativo, el femenino que, ya para el próximo año, es una obligación contratar al menos el 50 por ciento de los planteles y se necesitan recursos para ellos”, analizó sobre la posibilidad de que progrese el veto a estos patrocinios.
Pedido de interpelación de la Cámara de Diputados
Mientras tanto, en agosto, un grupo de diputados pidió interpelar a la ANFP.
A través de un oficio que entregaron ante el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, un grupo de siete legisladores llamó a fiscalizar al ente rector del fútbol nacional por sus acciones en relación a los acuerdos de patrocinio con casas de apuestas en Chile.
En el documento, compartido por el medio local El Agora, los legisladores apuntaron: “Consideramos imperativo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inicie un procedimiento de fiscalización dirigido a la ANFP, por cuanto se han hecho públicos ciertos hechos que son, a lo menos, preocupantes y que a nuestro parecer constituyen infracciones graves a sus estatutos”.
Además, exigen a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, que “se fiscalice a la ANFP por las razones que se indican, y que, en caso de que se determine infracción grave de sus estatutos, se pida al Consejo de Defensa del Estado que ejerza la acción correspondiente ante tribunales para su disolución”.
