Con la decisión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) de Paraguay de adjudicar la licencia de apuestas deportivas al operador Daruma Sam, su plataforma Apostala renovó el permiso por otros cinco años más, tras ser el único sitio autorizado desde 2018.
Sin embargo, desde la Justicia de Paraguay anunciaron que continúan investigando las operaciones de la plataforma luego de que se difundiera en 2021 un reporte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), de carácter confidencial, donde acusaban a la empresa de este delito.
Según el informe de Seprelad, que fue remitido al Ministerio Público, solo el 6 por ciento de las operaciones de Aposta.la pasan por el sistema bancario. Además, en un período de un año entre agosto de 2018 y 2019, se entregaron 241 premios por 26 mil millones de guaraníes a tan solo 80 personas.
Ahora, el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Juan Ledesma anunció que está realizando nuevas diligencias en la investigación por lavado de activos contra el operador.
Asimismo, comentó que se había considerado la desestimación de la investigación, pero que el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos se opuso a esta desestimación, pese a que el mismo Ledesma tiene intención de desestimar la denuncia.
Los comentarios surgen en el marco de otro recurso presentado por el consorcio conformado por B-Gaming sucursal Paraguay y Gambling S.A., que competían por la licencia de apuestas deportivas y manifestaron su rechazo absoluto a la determinación del regulador local, mientras aseguraron que “agotarán las instancias necesarias” para revertirla.
Durante la etapa de aclaraciones, el consorcio ya había presentado un recurso de reconsideración ante Conajzar. En ese caso, fue por considerar ambiguas las respuestas de la entidad tras consultar por su calificación como firma nacional constituida en consorcio con una sucursal local de una compañía extranjera.
En su planteo, la oferente aseguró que su situación se adecuaba a los artículos 1196 y 1199, por lo que se le reconoce la capacidad financiera y experiencia de la matriz. Sin embargo, Conajzar se limitó a referirse al pliego de bases y condiciones, que convoca a empresas locales con capacidad financiera y experiencia específica, entre otros puntos, respuesta que no resultó satisfactoria para el consorcio.
Según dijeron a abc, la resolución del proceso, que los descalificó tanto a ellos como consorcio como a la oferta unipersonal de Play Tech (del empresario Luis Carlos Alder Benítez), “no se ajusta a derecho”, por lo que agotarán las instancias necesarias” para intentar revertir la adjudicación a Daruma Sam.
La Justicia aborda más denuncias contra el juego
Ante la publicación del resultado de la licitación, el senador Blas Llano fijó una conferencia de prensa con el fin de “exponer las irregularidades que están vinculadas al proceso”, como notificó a abc.
Mientras tanto, también se criticó a la Conajzar por otorgarle una licencia de explotación de tragamonedas en Asunción a la empresa Marisol EAS, pese a que la firma no tiene la aprobación del municipio de la capital del país.
Por su parte, el concejal de Asunción Miguel Sosa denunció que el municipio es la única autoridad competente para otorgar licencias de juego, bajo la Ley 1016/97, por lo que el aval de Conajzar sería ilegal.
Sin embargo la presidenta interina del ente regulatorio María Galván del Puerto dijo que el reglamento interno de Conajzar “permite dar un certificado temporal, mientras continúan los trámites en el municipio”. De todas formas, hay varias investigaciones vigentes sobre el tema, ya que la empresa estaría vinculada con la polémica iCrop S.A.
