La legalización del juego online en Argentina ha empezado a llegar a las distintas provincias y Córdoba podría ser la siguiente. Sin embargo, un grupo de legisladores elevó un nuevo pedido para frenar la propuesta y busca impedir el lanzamiento del mercado.
Distintos legisladores nacionales introdujeron un documento en la Legislatura provincial junto con legisladores y concejales de la oposición, en acuerdo con las iglesias católicas y evangélicas para rechazar la medida.
La iniciativa de legalización fue impulsada por el legislador, Orlando Arduh, en conjunto con otros cuatro pares. Se espera que sea aprobada este miércoles 29 de diciembre y, finalmente, avanzar con el lanzamiento del mercado en una de las provincias más grandes y pobladas del país.
Los firmantes del documento opositor manifestaron su “profundo desacuerdo con el proyecto de ley que pretende legalizar las apuestas online en todo el territorio de la provincia de Córdoba, convencidos de que dicha iniciativa cuenta con un escaso efecto fiscal, pero impacta de lleno en la economía de las familias más vulnerables de nuestra sociedad”.
Así, pidieron que retiren el documento de la agenda legislativa “para poder darnos entre todos un adecuado y profundo debate”. Según manifestaron, es prioridad buscar “las mejores herramientas para enfrentar y perseguir los mercados clandestinos del juego, sin proceder necesariamente a su legalización”.
Justamente, desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) publicaron un artículo en el que advierte sobre las consecuencias de no legalizar el juego online. Entre ellas está la no tributación del sector no regulado, la generación no registrada de ingresos precarios con vulneración de derechos laborales y la falta de control sobre el acceso al juego de sectores vulnerables.
Además, ALEA advierte que el juego sin regulación genera recursos en la ilegalidad que luego se intentan ingresar al circuito legal mediante maniobras de lavado de dinero y activos, financia otras actividades ilegales y provoca fraudes y falta de transparencia en los sorteos y adjudicación de premios.
Por otro lado, explicó que la regulación responde a una demanda existente de un mercado que ya opera en la irregularidad y que permite un combate efectivo al juego ilegal. Asimismo, favorece la protección de los derechos ciudadanos y de los jugadores, el control del lavado de activos y genera recursos para la acción social con los impuestos correspondientes.
