El gobierno de Malta ha publicado su plan de acción para mejorar drásticamente las medidas anti-lavado de dinero y las obligaciones de cumplimiento financiero, que han posicionado al país como centro de servicios financieros.
El plan de acción fue requerido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) del G7, que este verano colocó a Malta en su “lista gris” de jurisdicciones financieras poco confiables.
Una evaluación del GAFI de los marcos de cumplimiento financiero de Malta colocó al país en el nivel más bajo de las naciones que gestionan la supervisión de evasión de impuestos corporativos, financiación del terrorismo y seguimiento de los pagos en efectivo transfronterizos.
La terrible evaluación señaló además múltiples fallas de anti-lavado de dinero y de cumplimiento por parte de las autoridades reguladoras maltesas, criticadas por la escasa responsabilidad impuesta a las empresas registradas y a la auditoría de datos, lo que impidió a las autoridades internacionales emprender investigaciones de lavado de dinero.
Para agravar la reputación, Malta se registraría como el primer estado miembro de la Unión Europea en ser incluido en la lista gris del GAFI, uniéndose a los rangos bajos de Sudán del Sur, Haití, Panamá y Zimbabwe.
El plan de acción elaborado por Alfred Camilleri, secretario de Finanzas Permanente de Malta, incluyó los compromisos necesarios que Malta asumirá para fortalecer sus marcos de cumplimiento.
Así, varios cambios han sido marcados como una prioridad por el primer ministro Robert Abela, quien ha prometido que Malta será eliminada de la lista gris para 2023. Sin embargo, el gobierno no presentó un cronograma para implementar acciones.
Entre los cambios, se citan medidas para que las empresas registradas muestren una propiedad transparente y sus activos. Además, se sancionará a las empresas o directivos que no cumplan con las órdenes.
Asimismo, el plan de acción será revisado por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU) para fortalecer las próximas medidas que se implementarán. Por su parte, el Partido Laborista de Malta se ha comprometido a otorgar a la policía y a las autoridades fiscales mayores poderes para inspeccionar a las empresas de propiedad extranjera.
A pesar de las intenciones del gobierno de fortalecer los marcos de cumplimiento, la oposición afirma que cualquier cambio significativo será limitado a menos que las autoridades estén preparadas para cambiar las leyes comerciales y las políticas fiscales existentes, a través de una orden parlamentaria.
En una declaración dirigida a la comunidad de juegos de azar de Malta, Carl Brincat, director ejecutivo de Malta Gaming Authority (MGA), declaró que se había comenzado a trabajar para implementar los cambios necesarios que se transmitirán a las empresas de juegos de azar con licencia.
“Entendemos que la inclusión en la lista gris de Malta como jurisdicción puede desencadenar una reevaluación del riesgo que plantean las entidades con sede en Malta por parte de varias partes interesadas, como los bancos internacionales, y por lo tanto, nuestros licenciatarios pueden enfrentarse a consultas y solicitudes de información adicionales por parte de socios internacionales”, comentó Brincat.
Y concluyó: “De hecho, estamos priorizando el acercamiento a las partes interesadas más relevantes para explicar, a través de una transparencia cada vez mayor, que las deficiencias identificadas con respecto a Malta no se relacionan con el sector del juego de ninguna manera y, por lo tanto, en la práctica, no deben alterar la manera en que estas partes interesadas internacionales perciben y se relacionan con nuestros licenciatarios”.
