A 5 meses del cierre de casinos, el sector en Perú se encuentra en una situación crítica. Los salones cuentan con un protocolo sanitario, que fue desarrollado junto a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, y la actividad había sido incluido en la cuarta fase de reactivación económica. Sin embargo, la extensión del Estado de Emergencia hasta el 31 de agosto en el país sudamericano forzó la suspensión indefinida de esta etapa, por lo que los casinos siguen sin respuesta en medio de una crisis que se profundiza cada día más.
Mario Vidal Olcese, socio fundador del Estudio Vidal, Cáceres, Abogados, analizó para SBC Noticias el panorama actual en Perú y explicó por qué los trabajadores son los más afectados.
Al momento de redactar este artículo, la data oficial del Ministerio de Salud reportaba más de 330.000 casos de COVID-19 en Perú, más de 12,000 fallecidos y con un 3,65 por ciento de letalidad, además de casi 2 millones de muestras tomadas. Lambayeque, Piura y Lima están por encima del 20 por ciento del total de “positividad”, con casi 12,000 hospitalizados a nivel nacional y tenemos ya más de 8,000 fallecidos adultos mayores.
En materia económica, la situación no es menos preocupante. Según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, nuestro país sufrirá la mayor caída económica de los últimos 100 años, con un descenso de 12.5 por ciento de su PIB, motivado por la paralización de casi todas las actividades, para enfrentar a la pandemia de la COVID-19. De esta manera, el Producto Interno Bruto cayó en 40.5 por ciento en abril de 2020, y también —como ya se ha mencionado— se dio una disminución del empleo formal en 47 por ciento, con 2,4 millones de puestos de trabajo perdidos. El comentario del titular del BCR resume la situación económica actual: “La caída ha sido terrible, inimaginable, ni en la peor de mis pesadillas podría creer que íbamos a caer un mes en 40 por ciento”.
Preocupante realidad
Este panorama dramático convierte la postergación del reinicio de las actividades laborales en una decisión urgente a discernirse, pues mantiene a miles de personas sin poder ejercer su libertad de trabajo y sin contar con ingresos económicos para sus familias. Todo ello en plena crisis sanitaria, con muertos y contagiados que no han tenido la posibilidad de atender su salud por la falta de medios económicos y por el colapso de nuestros hospitales.
En efecto, luego de una etapa de extrañas mediciones —mesetas, picos, pendientes—, y dada la crisis de le economía nacional, a través del Decreto Supremo 080-2020-PCM se aprobó la reanudación de actividades económicas, conforme a la estrategia que elaboró el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial 144-2020-EF/15 y modificatoria. Este equipo del Gobierno formuló la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional.
Dicha estrategia de reanudación de actividades constaba de hasta 4 fases (a la fecha se llevan ya implementando las tres primeras). Se dispuso diversas medidas y normas legales destinadas a combatir la pandemia, las cuales llegaron a identificar, y segmentar las actividades económicas en nuestro país, a su real saber y entender, bajo supuestos y análisis de tecnócratas que explicaban y basaban sus decisiones, en supuestas mediciones demográficas, e impactos de agrupamiento social atribuidos para cada actividad. Así, ensayaron claramente improvisados (hoy lo sabemos ante el fracaso en el combate de la pandemia) un manual de control de la actividad económica al cual llamaron “Protocolos y fases de reinicio de la actividad”, que obedecían a la inspiración de algún tecnócrata, mas no de un conocedor de la actividad laboral y empresarial de nuestro país.
Medidas en debate
Los protocolos, como toda norma administrativa, tenían que respetar los principios legales de la actuación del Estado, concretamente los de razonabilidad, proporcionalidad, no discriminación e igualdad ante la Ley, pero no fue así. Los protocolos para la denominada fase cuatro, que comprende a los clubes sociales, la pequeña y mediana minería, las actividades religiosas, la construcción, el sector de recreación y de juegos de azar (casinos, tragamonedas y apuestas deportivas), entre otros, no solo no se ha autorizado, sino que existiría una clara voluntad de evitar el reinicio de las actividades de estos giros, evitando que las empresas de esos sectores puedan retomar sus legítimas actividades y con ello restituir a sus trabajadores su medio de subsistencia.
Son precisamente los protocolos, las herramientas que ha autorizado y viene ejecutando el Estado para regular el reinicio de las actividades, normas perversas que simplemente con no ser aprobadas impiden el retorno de la fuente de subsistencia de los trabajadores de un determinado sector. Lo paradójico del asunto es que el Estado, cuya labor es proteger la integridad de la vida, destruye —sin brindar una alternativa— precisamente el único medio de subsistencia de la PEA de nuestro país, aumentando el riesgo de los trabajadores y sus familiares a perder la vida por la pandemia, derivados de la desnutrición y del deterioro de su propia salud física y mental.
Tutela urgente
Hemos podido apreciar como el cierre de las actividades lamentablemente viene afectando en grado superior a la economía y trae como consecuencia el incremento del desempleo y de la pobreza en el país; y paralelamente el crecimiento de la actividad informal, sector en el cual la prevención sanitaria es inexistente, y la vulneración de las obligaciones legales, lamentablemente, la regla general.
Se ha sostenido que volver implicaría un contagio masivo, asumiendo erradamente la ineficacia de los protocolos privados implementados por cada uno de los establecimientos de la fase 4, y la irresponsabilidad de los trabajadores, lo cual resulta un contrasentido en la estrategia de superación de la crisis sanitaria y económica. ¿Para qué se dictan protocolos sanitarios, sino es para aplicarlos individual y responsablemente, pues lo que se tutela es la vida de cada ser? Urge, en ese sentido, una tutela urgente, respecto del proceso de reinicio de actividades ordenado mediante Decreto Supremo No 080-2020-PCM, debido a que, como ya se ha precisado, no hay fecha cierta para la implementación de la denominada fase 4 (fase final de los protocolos COVID, que aglutina a la mayor cantidad de actividades generadoras de puestos masivos de trabajo), pese a los esfuerzos de los empleadores de estos sectores para garantizar la salud de los trabajadores con el correspondiente protocolo de seguridad y salud.
Es necesario comprender que el retorno al trabajo, no solo nos devolverá la integridad moral, física y económica como nación, sino que protegerá el valor supremo de la vida, al procurarnos legítima y responsablemente (lejos de cualquier desborde violento) el medio de subsistencia.
