La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó ayer el Proyecto de la Cámara 875, que establece sanciones más severas para los casinos que operan de manera clandestina en violación a la Ley de Juegos de Azar.
Según José Aponte Hernández, miembro de la cámara y autor de la medida, la legislación busca prevenir la proliferación de estos establecimientos ilegales y combatir el juego problemático.
“Estas salas de juego sin licencia no solo representan un riesgo para la salud y el bienestar de nuestro pueblo, sino que también están afectando la industria turística de Puerto Rico”, expresó el legislador. Agregó que, a diferencia de los casinos autorizados, estas actividades no generan ingresos para el Gobierno ni promueven el desarrollo económico.
La norma impondría una multa fija de 15 mil dólares o reclusión por un término mínimo de un año para la primera infracción. Las convicciones posteriores serían sancionadas con 25 mil dólares o reclusión hasta por tres años, o ambas a discreción del tribunal.
Puerto Rico recauda más de 8.5 millones de dólares por la explotación de máquinas tragamonedas
Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, anunció hace un mes que se recaudaron más de 8.5 millones de dólares debido a la implementación de la nueva ley que otorga al ente regulador el poder de fiscalización de la industria de máquinas de juegos de azar en ruta. Este monto es destinado de manera directa al Fondo General del Gobierno.
“Reconocemos el momento histórico en el que se encuentra esta industria. Luego de un arduo trabajo por parte del equipo de la comisión, a partir del 10 de septiembre comenzamos la segunda fase de recaudos por concepto de la operación de las máquinas de juego de azar”, expresó Santaella Marchán.
Según dispone la legislación vigente, los primeros 12 millones recaudados por el pago de licencias y las operaciones de las máquinas de juegos de azar se destinan al Fondo General del Gobierno. Una vez alcanzada esa cantidad, los recaudos posteriores se distribuirán: un 55 por ciento al Fideicomiso del Retiro de la Policía de Puerto Rico, un 40 por ciento para los municipios y un 5 por ciento para cubrir los gastos operacionales de la comisión.
“Nos encontramos muy cerca de alcanzar los 12 millones de dólares, lo que permitirá comenzar a inyectar el fondo del Retiro de la Policía”, continuó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. Además, el funcionario hizo un llamado a los comerciantes y mayoristas a cumplir con la ley y evitar sanciones que incluyen multas, revocación de licencias, entre otras.
Añadió también que, junto a la Policía de Puerto Rico (NPPR) y el Departamento de Hacienda (DH), delinearon un plan para ampliar la fiscalización y llegar a más establecimientos en los próximos días.
“Sin duda estamos viendo una buena respuesta por parte de la mayoría de los operadores. Sin embargo, aquellos que no están cumpliendo con su deber fiscal deben de saber que la comisión no escatimará en invertir recursos para hacerlos cumplir”, agregó.
Finalmente, exhortó a la ciudadanía a colaborar de forma confidencial a través de su página web, reportando comercios en incumplimiento: “Esta cooperación es vital para agilizar el proceso y garantizar que los fondos del retiro de nuestra Policía lleguen a su destino con la mayor prontitud posible”.
