Decenas de empresas y asociaciones rechazaron la nueva Ley de Ingresos y reforma al Código Fiscal propuestos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En reunión de trabajo con autoridades de la Comisión de Hacienda, diferentes actores del sector privado advirtieron que provocará debilidad de la actividad económica en el país, incremento del sector informal, así como pérdida de empleos e inversiones.
Alfonso Pérez Lizaur, de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos, declaró que el incremento de impuestos a los juegos de azar, incrementará el traslado al sector informal: “La rama de casinos, loterías y otros juegos de azar regulados aporta de manera significativa a la economía formal y al financiamiento de políticas públicas”.
Lizaur explicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estas actividades generaron 42.200 millones de pesos en ingresos formales, de los cuales una buena parte proviene de canales digitales operados bajo licencia y supervisión de la secretaría de Gobernación y el SAT.
Por su parte, Pierre Claude Blaise, integrante de la Asociación Mexicana de Ventas Online, detalló que el incremento de impuestos a plataformas de ventas por internet “pone en riesgo la continuidad de miles de PyMEs y el poder adquisitivo de millones de consumidores mexicanos”.
Precisó que el comercio electrónico genera ya el 6 por ciento del PIB nacional, ha generado miles de empleos y ha traído inversiones internacionales en el país, por lo que sostuvo que la Ley de Ingresos, “revertirá las inversiones”.
En la misma línea, Rosa Elena García, de la Concanaco Servytur, aseguró que el incremento del IEPS a diversos productos y servicios “fortalece la recaudación, pero debilita la actividad económica” y podría generar efectos económicos “irreparables para los micros pequeñas y medianas empresas”.
“Nos preocupa la introducción de nuevas causales para dejar sin efectos o bloquear temporalmente los sellos digitales, aun cuando un procedimiento no haya concluido ni exista una resolución definitiva, eso significa que un contribuyente puede ser paralizado en sus operaciones sin que se haya agotado su derecho de defensa afectando empleos, contratos y cadenas de suministro”, declaró.
