Amnistía Internacional, una organización no gubernamental mundial centrada en los Derechos Humanos, advirtió al máximo organismo del fútbol internacional, la FIFA, sobre las próximas propuestas de candidaturas para la Copa del Mundo 2030 y 2034.
La advertencia de la organización se presenta en forma de un informe de 91 páginas, en el que se evalúan los riesgos para los derechos humanos relacionados con las respectivas ofertas. En el informe, Amnistía Internacional ha afirmado que la FIFA debe garantizar de forma rigurosa y transparente que las candidaturas para albergar las Copas del Mundo masculinas de 2030 y 2034 salvaguarden los derechos humanos, rechazando cualquier oferta que exponga al público el riesgo de sufrir abusos.
Las candidaturas en cuestión son la presentada en conjunto entre Marruecos, España y Portugal para 2030 y la candidatura de Arabia Saudita para 2034. La advertencia se produce antes de que las ofertas detalladas, incluidas las estrategias de derechos humanos, se presenten a la FIFA para su evaluación. Se espera que la FIFA confirme los anfitriones en diciembre.
Sobre esto, Steve Cockburn, director de Derechos Laborales y Deportes de Amnistía Internacional, afirmó: “Con una única candidatura para albergar cada torneo y grandes preocupaciones en materia de derechos humanos en torno a ambos, existen enormes interrogantes sobre la voluntad de la FIFA de cumplir las promesas y reformas que ha hecho en últimos años, incluido el ejercicio de su derecho a rechazar cualquier oferta que no cumpla con los requisitos declarados en materia de derechos humanos”.
Y añadió: “Las cuestiones de derechos humanos asociadas con la candidatura conjunta para la Copa Mundial de la FIFA 2030 son importantes y deben abordarse, pero los riesgos asociados con la candidatura de Arabia Saudita para la Copa Mundial de la FIFA 2034 –incluidos los que enfrentan los trabajadores, los aficionados y los periodistas– son de una naturaleza completamente diferente. magnitud y severidad”.
Copa del Mundo de la FIFA: Marruecos, España y Portugal
Los tres países vecinos revelaron sus planes para albergar la Copa del Mundo 2030 en marzo. Desde entonces, Amnistía Internacional ha investigado posibles problemas relacionados con los derechos humanos que puedan surgir a raíz del torneo.
En primer lugar, el informe señala que se necesitan importantes obras de construcción en Marruecos, incluido un nuevo estadio con capacidad para 115.000 personas. Sin embargo, aún no se ha aprobado legislación para mejorar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y los desalojos forzosos siguen siendo motivo de preocupación.
Además, las lesiones laborales en España y Portugal superan la media de la UE y España no tiene un buen historial; por ejemplo, los trabajadores inmigrantes sufrieron abusos y robo de salarios mientras ampliaban el estadio Camp Nou del FC Barcelona en 2023.
Otras preocupaciones incluyen la escasez de viviendas asequibles en Portugal y España, con un aumento de los alquileres a corto plazo que elevan los costos y provocan desalojos. En Marruecos, las leyes todavía plantean un riesgo de discriminación por motivos de género contra las trabajadoras y los asistentes a los torneos. La criminalización de las relaciones sexuales extramaritales a menudo disuade a las mujeres de denunciar la violencia sexual.
Copa del Mundo de la FIFA: Arabia Saudita
Quizás no sea tan sorprendente que Amnistía Internacional haya señalado varias preocupaciones sobre los planes de Arabia Saudita de albergar la Copa del Mundo de 2034, lo que parece confirmado ya que es el único país que ha presentado una candidatura.
El informe afirma que el reino tiene un “espantoso historial en materia de derechos humanos”, destacando la campaña de rehabilitación de la imagen del país, que cree que “depende en gran medida” de la inversión en el deporte.
Si se aprueba a Arabia Saudita para albergar el torneo, será la segunda vez que el Mundial se celebre en Medio Oriente, después de Catar en 2022, lo que generó una tormenta mediática de preocupaciones de cara a su torneo.
Cockburn añadió: “La historia muestra que la Copa del Mundo puede ser una fuente de dignidad o explotación, inclusión o discriminación, libertad o represión, lo que hace que la concesión por parte de la FIFA de los derechos de organización de los torneos de 2030 y 2034 sea una de las decisiones más trascendentales jamás adoptadas por un organismo deportivo”.
En el caso de Arabia Saudita, quizás las cuestiones más notables giran en torno a la pena de muerte: los ciudadanos extranjeros representan el 39 por ciento de las personas ejecutadas en el país entre 2010 y 2021, incluso por delitos no violentos como cargos de drogas.
Además, la falta de medios de comunicación independientes, también planteada ante Catar, presenta problemas: el informe afirma que los periodistas que critican al gobierno se enfrentan a censura, encarcelamiento y represión.
Esta afirmación presentaba un ejemplo de Salma al-Shehab, una estudiante de doctorado de Arabia Saudita en la Universidad de Leeds, que fue detenida y sentenciada a 27 años de prisión por su actividad en Twitter.
Otro tema destacado antes del torneo en Catar fueron los derechos de las personas LGBTQ+, con procesamientos a menudo realizados bajo las vagas y demasiado amplias normas de moralidad y orden público del país.
Soluciones propuestas
En respuesta a estas cuestiones, Amnistía Internacional ha ofrecido recomendaciones a la FIFA para garantizar la seguridad de todas las partes interesadas.
Estas incluyen que la FIFA realice evaluaciones independientes de riesgos en materia de derechos humanos para cada candidatura y obtenga compromisos vinculantes de los países anfitriones para evitar violaciones.
Sugiriendo también que la FIFA debería garantizar que las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de aficionados, los sindicatos de jugadores y los grupos marginados participen significativamente durante todo el proceso de candidatura y los preparativos del torneo.
Andrea Florence, directora de Sports & Rights Alliance –una coalición en la que participa Amnistía Internacional y que hace campaña por los derechos humanos en el deporte– dijo: “Antes de adjudicar cualquier torneo, la FIFA debe garantizar acuerdos vinculantes sobre derechos humanos que protejan plenamente a los trabajadores, las comunidades locales, los jugadores y los aficionados, incluida la protección contra el abuso y la discriminación de las minorías raciales y religiosas, las mujeres y las personas LGBTI”.
