El vicepresidente del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja) de Salta, Adrián Amen, apuntó contra la Justicia por la falta de acción contra el juego online ilegal.
Según el representante del organismo rector de la industria en la provincia del norte argentino, Enreja lleva presentadas 280 denuncias, tanto por juego online ilegal como por otras operaciones no autorizadas. Sin embargo, advierte Amen, las denuncias “no avanzan” en las distintas fiscalías donde fueron presentadas.
El regulador salteño destacó el convenio firmado con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) y Facebook para dar de baja cuentas de personas que promocionaran operaciones de juego online ilegal. A pesar de eso, denunció que presentaron ante la Justicia todos los datos de las personas que controlaban dichos perfiles, pero no recibieron respuestas.
Según recordó Amen, también hay denuncias por premios impagos por parte de plataformas no autorizadas por la provincia. Por eso, llamó a jugar en sitios regulados, ya que son los que aportan “un canon promedio de unos 500 millones de pesos mensuales”.
El juego online, en el foco del debate público en Argentina
La regulación del juego online en las distintas provincias argentinas comenzó a concretarse a partir de 2020. Desde entonces, la industria ha crecido tanto por su volumen de juego como su exposición.
A medida que la población ha tomado consciencia de la existencia del sector, también han comenzado a aumentar las críticas por las externalidades que se generan en torno a su funcionamiento.
Con la prevención del juego patológico como bandera, legisladores provinciales (de distintas jurisdicciones) y nacionales han presentado proyectos para limitar al sector. Desde una reducción/prohibición de la publicidad de la industria, hasta reformas en la Ley para agravar los castigos por la participación de menores de edad en el juego online.
Si bien la industria del juego y las apuestas debe tomar nota –y, en muchos casos, lo hace– de estas advertencias, también es necesario el debido funcionamiento de todas las estructuras del estado para garantizar que aquellos que operan fuera de las normas establecidas no generen efectos adversos, tanto para la población como para el debido ejercicio de aquellas que sí se someten a las reglas locales y aportan fondos a las arcas públicas a través del pago de impuestos.
