La Cámara de Diputados de México discutirá la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para elevar de 30 a 50 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a juegos con apuestas y sorteos, tanto presenciales como online, como parte del Paquete Económico 2026.
Con esta propuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca cerrar brechas fiscales y recaudar más de 5 mil millones de pesos el siguiente año, un incremento de 35 por ciento respecto a lo proyectado para 2025.
El dictamen será votado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por Carol Antonio Altamirano, antes de pasar al pleno esta misma semana, a fin de cumplir con los plazos de la Ley de Ingresos. De aprobarse, la medida entraría en vigor el 1 de enero de 2026 y aplicaría también a plataformas extranjeras que ofrecen servicios de apuestas en México, las cuales podrían ser bloqueadas temporalmente en caso de incumplimiento.
De acuerdo con el documento entregado el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados por el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, la iniciativa busca alinear la carga fiscal de esta industria con los estándares internacionales y fortalecer los ingresos públicos.
El Ejecutivo argumenta que la tasa actual es baja frente a otros países: en Francia, el gravamen máximo alcanza 83.5 por ciento; en Reino Unido y Polonia, 50 por ciento; en Argentina, 41.5 por ciento; en España, 39.4 por ciento; y en Brasil, 38.8 por ciento. Sostiene además que la industria mexicana representa 0.55 por ciento del PIB, pero sólo aporta 0.01 por ciento en recaudación, lo que, de acuerdo con la autoridad, evidencia un margen de contribución insuficiente.
No obstante, expertos han subrayado que esos modelos son parciales o no directamente comparables: usan bases gravables distintas, tramos progresivos, deducciones por retorno al jugador (RTP), contribuciones locales y topes diferenciados para operaciones online y presenciales. En Francia, por ejemplo, la tasa del 83 por ciento se aplica únicamente a ganancias que superan montos millonarios, mientras que en Reino Unido se calcula sobre ingresos brutos y no sobre utilidades netas.
Asimismo, especialistas en materia fiscal y representantes del sector han advertido que el incremento podría tener un efecto contrario al buscado. Señalan, consultados por diferentes medios de comunicación de México en semanas recientes, que gravar con 50 por ciento la utilidad de los operadores legales pondría en riesgo la viabilidad de las empresas establecidas, lo que alentaría la migración de jugadores hacia plataformas no reguladas que no pagan impuestos ni cumplen con obligaciones de supervisión.
El aumento del IEPS podría fomentar la informalidad y terminar recaudando menos
El riesgo es mayor si se considera que alrededor del 60 por ciento del mercado de juegos online que opera en México lo hace de manera ilegal, según estimaciones del propio sector. Se calcula que existen cerca de 4500 sitios ilegales que operan en el país, lo que implica una evasión fiscal considerable y vulnera las políticas de juego responsable y control de edad actualmente aplicadas por la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con estimaciones de la industria, la operación formal de entretenimiento y apuestas genera más de 10 mil millones de pesos anuales en contribuciones fiscales a nivel federal, estatal y municipal, además de generar más de 60 mil empleos directos y 144 indirectos.
Al elevar de forma drástica la carga fiscal, se debilitará a los operadores con permiso vigente, mientras el juego clandestino (que ya concentra buena parte del mercado) podría expandirse.
El planteamiento de Hacienda se sustenta también en un componente extrafiscal. Según el documento, la medida busca desalentar conductas de riesgo, reducir los posibles daños sociales asociados al juego problemático y garantizar que los recursos adicionales se destinen a programas de salud.
De ser aprobado el dictamen, la Cámara de Diputados deberá turnarlo al Senado antes del 31 de octubre. La industria legal confía en que durante la discusión se consideren ajustes al texto, como una tasa escalonada, una base homogénea y mecanismos específicos para combatir las plataformas ilegales que hoy representan más del 60 por ciento del mercado.
