En una nueva contribución realizada por Federico Rodríguez Aguiar, analista en Marketing y Consultor de Uruguay, SBC Noticias repasa las disposiciones regulatorias sobre los casinos y tragamonedas en los mercados regionales.
La falta de regulación de las máquinas tragamonedas en Latinoamérica y el Caribe ha sido una preocupación persistente debido a sus efectos sociales y económicos. Este tipo de actividad que se ha instalado en diversos locales comerciales como restaurantes, salones, clubes deportivos o mini-casinos ha crecido en la informalidad, y hoy en día muchos países enfrentan un debate sobre su control.
Hablar sobre estos temas podría parecer reiterativo, pero sin dudas para aquellos empresarios serios y que invierten en desarrollar la industria no lo es. El juego ilegal mueve cientos de millones de dólares en un circuito paralelo, desprovisto del control estatal.
Las autoridades en algunas jurisdicciones enfrentan grandes dificultades para controlar la proliferación de estas máquinas. A pesar de los esfuerzos por incautar equipos y cerrar locales, sin un marco regulatorio sólido y aplicado eficazmente, persisten graves problemas como la evasión fiscal, el desamparo del consumidor, el financiamiento de actividades delictivas, el fraude, y el acceso de menores al juego.
Beneficios de la regulación de juegos de casinos
En un mercado legalizado y regulado, el Estado puede obtener ingresos importantes a través de impuestos y tasas. Asimismo se crean empleos formales y oportunidades de inversión descartando la carga económica que implica la informalidad.
Hay distintas opciones en el abanico de posibilidades dependiendo del país que observemos desde la prohibición total que implica una incautación a nivel general hasta el re-ordenamiento con un proceso de regularización y habilitación en etapas.
Sin dudas es necesario accionar en algún sentido y tomar decisiones.
Protección a los jugadores y a los sectores más vulnerables
El juego problemático es una preocupación vigente y la ausencia de supervisión facilita que personas con adicción al juego caigan en ciclos de endeudamiento y dificultades financieras. Estudios revelan que los individuos de ingresos bajos y menor nivel educativo son los más propensos a desarrollar problemas de adicción, convirtiéndose en víctimas de un juego descontrolado sin la adecuada regulación.
La regulación de este tipo de máquinas aparece como una oportunidad para optimizar la recaudación fiscal y promover condiciones de competencia equitativa para las empresas ya establecidas, contribuyendo además a una mayor transparencia en el sector. Con un marco legal sólido, el Estado puede transformar una actividad que hoy se mueve en la informalidad en una fuente de ingresos sostenible, garantizando que los impuestos generados se destinen a áreas clave como la educación y la salud.
Asimismo, esta formalización permitirá implementar medidas de protección para los jugadores más vulnerables, estableciendo un entorno de juego más seguro y controlado. Al integrar prácticas de juego responsable y aplicar límites claros, los gobiernos podrían reducir los riesgos de ludopatía, protegiendo a las personas en riesgo y limitando el acceso de menores al juego. Así, la regulación se convierte en una herramienta integral, beneficiando tanto la estabilidad económica como la seguridad y bienestar social de la población.
La industria prospera y se desarrolla cuando las reglas son iguales para todos los actores, las oportunidades son accesibles y claras, y el respeto por las normas guía cada acción.
