Federico Rodriguez Aguiar, analista en Marketing y Consultor para la industria del juego y las apuestas de Latinoamérica, comparte con SBC Noticias un análisis sobre la relevancia de incorporar al juego responsable como política de Estado, mientras vemos que las jurisdicciones más pobladas y económicamente dominantes van instalando sus sectores regulados.
En forma concordante con las diversas acciones que toman los operadores de juego a nivel privado o aquellas medidas que tiendan a la salvaguarda de los apostadores, el Estado como tal debe adoptar una posición pro-activa en la protección de los ciudadanos.
Si bien los operadores y proveedores de la industria del juego cumplen con lineamientos de buenas practicas en lo que refiere al Juego Responsable y existen certificaciones internacionales que validan las acciones de protección de la salud de la población, la administración pública no puede estar ausente y tomar una posición de espectador.
El Estado debe tomar medidas contra el juego adictivo así como allanar los caminos para el tratamiento o prevención de la ludopatía o adicción al juego.
Solo por mencionar alguna de las herramientas, podemos destacar la aplicación de prácticas de prevención, comunicar los efectos derivados del juego compulsivo, líneas gratuitas de atención telefónica por parte de profesionales, fomentar los sistemas de auto-exclusión, ejecución de programas de tratamiento a nivel de la salud pública. Pero todo esto no tiene sentido si no se ejecuta como una “política de Estado” y solo son acciones independientes y no coordinadas.
Tener una sociedad saludable donde la protección de sus integrantes sea la regla y no la excepción debe ser fundamental y prioritario en todas las medidas que adopten los gobiernos.
Las asistencia al involucrado y a sus familias debe ser considerada una razón de salud pública y como tal debe garantizarse el acceso a sistemas de protección y ayuda en caso de ser necesario.
Prevenir debe ser la prioridad así como también articular todas las acciones necesarias a los efectos de apoyar a quien lo necesite con la participación de todas las instituciones con espacios de contención profesional.
Es necesario no solo el compromiso del sector privado también es fundamental la participación activa del Estado con políticas públicas fuertes y robustas que a todos beneficie.
Ésta política pública a que se hace referencia no es de un sector u otro en particular, es independiente a las agrupaciones partidarias y excede los períodos de gobierno ya que la asistencia en materia de salud no cambia cada cinco años al finalizar un plazo de gestión.
Cuando hay un compromiso a nivel de ambos sectores —público y privado—, la sociedad registra los beneficios. No existen liderazgos en materia de juego responsable, por lo que sí es notoria la necesidad de un Estado presente y activo.
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