El Ministerio de Consumo de España informó que creará una subdirección general para el “estudio, vigilancia, inspección, desarrollo y aplicación” de medidas contra el fraude en todos los sectores empresariales.
Durante una presentación ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Alberto Garzón, ministro de Consumo, anunció que el nuevo organismo apuntará a “tener los recursos suficientes para abordar los expedientes y las sanciones correspondientes” contra empresas que sean fraudulentas en sus informes.
El organismo regulará situaciones como la sucedida con el caso de Volkswagen, mencionado por Garzón, en la que la empresa había modificado los datos de las reales emisiones de componentes tóxicos.
Según el ministro, “en otros países había tenido una gran cantidad de sanciones y en España no había tenido ningún tipo de sanción administrativa al margen de lo que los usuarios hubieran podido llevar por la vía penal”.
Y agregó: “Gracias a la aprobación de una norma, el Gobierno central en coalición con comunidades autónomas y entidades locales, tiene un instrumento que refuerza, mejora y amplia esta capacidad”.
En el mismo discurso, Garzón resaltó el trabajo del Ministerio de Consumo contra el juego online y las apuestas deportivas, cuyas empresas también estarán bajo el radar de la nueva subdirección.
Además, destacó que para fines de año se aprobará “el Real Decreto de entornos más seguros de juego online, para dotar a los jugadores de herramientas que impidan un posible consumo problemático”, y la regulación de las “loot boxes o cajas botín, cuyo primer borrador saldrá a consulta pública en las próximas semanas”, como reveló Servimedia.
Ley contra el fraude en las apuestas
Mientras tanto, la Comisión de Sanidad del Congreso estaría proponiendo “un procedimiento exprés” para modificar una regulación sobre el juego y las apuestas deportivas aprobada en 2011.
La normativa, de ser aprobada, crearía el Servicio de Investigación para abordar “al Consejo Superior de Deportes, a las federaciones y a las fuerzas de seguridad, entre otras entidades” y dar seguridad jurídica contra los amaños deportivos y el fraude en las apuestas.
El anuncio surge paralelamente al caso que envuelve a 10 futbolistas del país, que quedaron detenidos por un presunto amaño de partidos.
