La provincia de Córdoba es uno de los mercados argentinos que ha regulado su sector de juego online y apuestas deportivas, pero podría dar marcha atrás con la anulación de la ley N°10.793 de 2021. La Legislatura provincial recibió un proyecto por parte del Frente Cívico para tratar esta iniciativa.
Se trata de la propuesta “Derógase la Ley N°10.793”, que considera que la previa aprobación de la ley de 2021 estuvo influenciada por el “monopolio político” del peronismo en ese momento, junto con una sociedad “aturdida, distraída y limitada en su expresión o posibilidad de peticionar”.
Por el momento, se sabe que el Frente Cívico, presidido por el legislador Walter Nostrala, presentó la propuesta bajo el argumento de que “los juegos online constituyen un virus letal”.
El proyecto de prohibición de juego online en Córdoba
“Este virus silencioso que se desplaza de manera vertiginosa y transversal por el mundo digital, exige que adoptemos medidas o leyes a tal efecto. Es nuestra competencia como Legisladores. Cada vez son más los madres y padres que denuncian daños en la salud de sus hijos, como así también los maestros y maestras en las escuelas”, se lee en el documento.
Y agrega: “Casi tres años después de la aprobación de la ley, y a ocho meses de la puesta en marcha de la habilitación de las plataformas que resultaron adjudicatarias de este negocio millonario, es notorio el desastre que la aprobación de esta ley ha ocasionado”.
Según defienden los legisladores, el juego online se está convirtiendo en un problema social y de salud pública, ya que “el 9 por ciento de los encuestados reconoce que realiza apuestas online”, según un informe de la consultora Opina Argentina publicado en el diario cordobés La Voz. Especialmente, preocupa que esta cifra se dispara al 16 por ciento entre gente joven.
Así, se remarcó que el 24 por ciento de los encuestados confirma que el grupo más afectado por la ludopatía “son los adolescentes de 12 a 16 años y que un tercio de los encuestados tiene algún conocido de su entorno social que sufre de ludopatía”.
Seguidamente, acusan a los dirigentes anteriores de perseguir puramente ventajas comerciales con esta regulación, mientras que “profesionales, expertos, referentes sociales de distintas religiones, y organizaciones de la sociedad civil, se han expresado categóricamente sobre los efectos adversos y de la falta o desprotección de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acceden a las apuestas, o de lo que se encuentran expuestos ante el flagelo social de la ludopatía”.
Y concluyeron: “El Estado provincial, so pretexto de regular el juego, está generando violación de derechos humanos”.
