Las 17 comunidades autónomas de España han acordado establecer un marco de cooperación para la gestión y el intercambio de datos de sus registros particulares de autoexclusión de juego.
Los principios de un marco cooperativo se acordaron en una reunión del “Consejo de Política de Juego” de España, presidida por el secretario general de la DGOJ, Mikel Arana.
Hasta la fecha, la mayoría de las comunidades autónomas de España han mantenido individualmente sus bases de datos de autoexclusión de juego, utilizando el sistema de registro RGIAJ de la DGOJ. En funcionamiento desde 2015, el sistema RGIAJ fue diseñado para retroalimentar los datos de autoexclusión de los jugadores a las redes de salud pública de las comunidades autónomas, proporcionando a la DGOJ poca supervisión en la medición de los trastornos problemáticos del juego en España.
Ahora, con el acuerdo alcanzado entre los gobiernos autónomos, el Ministerio de Consumo de España podrá lanzar dos nuevos proyectos que respaldan la reforma en curso del gobierno de las leyes federales del juego.
Se espera que el Ministerio, liderado por Alberto Garzón, anuncie su nuevo Real Decreto sobre el desarrollo de nuevos “entornos de juego más seguros” para las empresas presenciales y online de juegos y apuestas.
Además, al actuar como la agencia federal sobre las leyes del juego, el Ministerio de Consumo garantizará una mayor responsabilidad para la concesión de subsidios con el fin de “llevar a cabo actividades de investigación relacionadas con la prevención del juego problemático”.
La revisión del registro RGIAJ ha sido apoyada por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya que los centros españoles de juego online ponen en marcha un “sistema universal” de autoexclusión de jugadores que deben cumplir los operadores con licencia local.
La DGOJ, por tanto, ha continuado su enfoque en la armonización de la fragmentada legislación española sobre el juego promoviendo la colaboración entre comunidades autónomas. En 2021, la autoridad nacional presentó una “nueva unidad técnica” con el organismo de normalización UNE para identificar y establecer estándares unificados de juego y políticas armonizadas en las diversas comunidades de España.