El Tribunal Supremo de España ha admitido a trámite un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumba su veto urbanístico a la proliferación de bingos, casinos y casas de apuestas.
El origen del conflicto se remonta a la etapa posterior a la pandemia, cuando el municipio —junto a otros como Barcelona o L’Hospitalet— decidió utilizar su planeamiento urbanístico para restringir al máximo la instalación de nuevos locales de juego, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable frente al riesgo de adicción.
La Patronal del Joc Privat de Catalunya (Patrojoc) llevó esta normativa a los tribunales argumentando que los ayuntamientos se estaban extralimitando. El TSJC dio la razón al sector privado y anuló el plan de El Prat y de la capital catalana, alegando que la competencia para regular el juego pertenece exclusivamente a la Generalitat.
Sin embargo, la organización estatal ha elevado el reclamo hasta el Supremo. Ahora, lo que el Supremo Tribunal deberá aclarar es si la autonomía local y las competencias de urbanismo son suficientes para imponer distancias mínimas, zonas de exclusión o condiciones de emplazamiento a las casas de apuestas, o si corresponde a la administración superior. La decisión sentará jurisprudencia en los casos de otros municipios de toda España.
El estado del juego en España
Actualmente, el municipio no cuenta con ningún bingo ni casino en su núcleo urbano. La única licencia activa para un salón de juego en su territorio corresponde a un establecimiento situado en el centro comercial Splau, que geográficamente forma parte del continuo urbano de la vecina Cornellà de Llobregat.
Esta realidad ha sido utilizada por Patrojoc para restar valor a la iniciativa municipal, y desde el sector del juego privado aseguran estar sorprendidos por la admisión a trámite en el Supremo, ya que el tribunal ya se había pronunciado en un caso similar de Barcelona.
Mientras llega la resolución, el sector recuerda que Catalunya ya cuenta con una de las normativas autonómicas más estrictas de España. La Generalitat prohíbe abrir nuevos salones a menos de 1.000 metros de uno existente o a menos de 100 metros de centros educativos, y existe un límite máximo de 126 salones de juego, 75 bingos y cuatro casinos en todo el territorio.
Gracias a estas restricciones, Catalunya es la comunidad con menor densidad de estos negocios del país, con apenas 2,4 locales por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media española de 8,8.
Entre 2015 y 2024, el número de establecimientos catalanes creció apenas un 13,3 por ciento, frente al 43,9 por ciento de la media española.
No obstante, las cifras de adicción siguen preocupando, ya que el informe del Plan Nacional de Drogas apunta a que uno de cada cinco estudiantes de secundaria españoles ha participado en juegos de azar presenciales pese a ser menores de edad.
España aprueba un sistema de límites de depósitos conjuntos para el juego online
El Consejo de Ministros, bajo una propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aprobó un Real Decreto que introduce un nuevo sistema de límites de depósitos conjuntos por persona para el juego online.
La norma sustituye al anterior esquema, donde el límite se establecía de manera independiente por cada operador, lo que permitía realizar depósitos por encima de los límites previstos al distribuir la actividad entre diferentes plataformas.
Con la nueva regulación, se fijan límites globales de 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros por un período de cuatro semanas.
