El Gobierno de Paraguay impulsa la creación de la Dirección Nacional de Juegos de Azar (DINAJZAR), un organismo que reemplazaría a la actual Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y asumiría las funciones de regulación, autorización y fiscalización de la industria.
La iniciativa fue firmada por el presidente Santiago Peña y la ministra de Economía y Finanzas, Teodora Recalde, y remitida al Congreso Nacional para su tratamiento.
El proyecto, fechado el 12 de octubre de 2026, está compuesto por 72 artículos y propone una reorganización institucional orientada a fortalecer el control estatal sobre la actividad, combatir el juego clandestino y mejorar la administración de los recursos generados por el sector.
Uno de los principales cambios consiste en otorgar al nuevo organismo personalidad jurídica de derecho público, autonomía y autarquía, además de patrimonio propio y capacidad para administrar sus recursos. Actualmente, la CONAJZAR funciona dentro de la estructura de la DNIT, vinculada al Ministerio de Economía y Finanzas.
La DINAJZAR traería una nueva estructura para regular el juego
La DINAJZAR estaría encabezada por un director nacional, designado y removido por decreto del Poder Ejecutivo, quien concentraría las responsabilidades de conducción y representación institucional.
Entre sus atribuciones figurarían la administración de concesiones y autorizaciones, la fiscalización de los operadores, la aplicación de sanciones y la supervisión de las obligaciones relacionadas con el juego responsable y la prevención del lavado de activos.
El proyecto también mantiene la distinción entre los juegos de alcance nacional y aquellos cuya autorización corresponde a los gobiernos departamentales y municipales. De esta manera, la nueva dirección tendría competencia sobre las concesiones nacionales vinculadas con casinos, apuestas deportivas, quinielas y otras modalidades contempladas en la legislación.
En cuanto al otorgamiento de concesiones, la propuesta establece que determinadas actividades deberán adjudicarse mediante licitaciones públicas. Estos permisos podrían tener una duración de hasta 10 años, sin posibilidad de prórroga.
Asimismo, el texto contempla procedimientos para incorporar nuevas modalidades de juego mediante resoluciones fundadas y mecanismos específicos de autorización. Las apuestas deportivas y los casinos online figuran expresamente entre las actividades sujetas a regulación.
Más controles y sanciones contra el juego ilegal
El fortalecimiento de las herramientas de fiscalización constituye otro de los ejes centrales de la reforma. De aprobarse el proyecto, la DINAJZAR podría inspeccionar establecimientos, plataformas y sistemas tecnológicos, requerir información a los operadores e investigar posibles incumplimientos.
La iniciativa establece un régimen de infracciones clasificadas como leves, graves y muy graves. Las sanciones previstas incluyen apercibimientos, multas, clausuras temporales, suspensión o cancelación de autorizaciones e inhabilitaciones.
Además, el organismo podría disponer medidas cautelares, entre ellas el secuestro de equipos y el bloqueo de plataformas digitales utilizadas para explotar juegos de azar sin autorización.
El proyecto también contempla consecuencias para la explotación clandestina de juegos de azar, con disposiciones que incluyen responsabilidades penales. El objetivo es ampliar la capacidad de intervención del Estado frente a las operaciones no autorizadas y reforzar los mecanismos de cumplimiento de la normativa vigente.
Juego responsable y protección de los jugadores
La propuesta incorpora medidas específicas de protección al consumidor y prevención de conductas problemáticas asociadas al juego.
Entre ellas, contempla la prohibición del acceso de menores de edad a los juegos de azar, la implementación de mecanismos de verificación de identidad y la posibilidad de establecer sistemas de autoexclusión.
También prevé restricciones a la publicidad dirigida a menores o que presente las apuestas como una solución a problemas económicos. A su vez, los operadores quedarían sujetos a obligaciones vinculadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, bajo la supervisión de las autoridades competentes.
Estas disposiciones se integrarían a las nuevas responsabilidades de la DINAJZAR, que tendría a su cargo la supervisión de los requisitos aplicables a los operadores dentro de su ámbito de competencia.
Cómo se financiaría la nueva autoridad reguladora
En materia económica, el proyecto mantiene la distribución de los cánones entre los beneficiarios establecidos por la legislación y prevé que la DINAJZAR reciba el 5 por ciento de los ingresos correspondientes a los juegos de alcance nacional, casinos e hipódromos para financiar sus funciones.
La iniciativa también incorpora obligaciones de transparencia, publicación de información institucional y presentación de informes de gestión.
Respecto de la transición entre ambos organismos, el texto establece que la DINAJZAR sucedería a la CONAJZAR en sus derechos, obligaciones y relaciones jurídicas.
Las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones vigentes conservarían su validez hasta sus respectivos vencimientos, mientras que los expedientes administrativos y procedimientos en curso continuarían bajo la nueva estructura.
