Javier Balbuena, ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) de Paraguay y actual asesor de la Cámara de Diputados, comparte con SBC Noticias un análisis sobre la propuesta de los diputados del Partido Hagamos, que plantea prohibir la operación de juegos y apuestas mientras dure el estado de alarma en Paraguay por la emergencia sanitaria.
Entre los representantes del rubro de los juegos de azar, hay mucho silencio acerca de las medidas que paliarán la crisis económica que dejará el cumplimiento de las restricciones por el COVID-19, salvo por un único y mal pensado proyecto de ley que inmediatamente generó rechazo.
Tal como lo desarrolló un periódico local, el proyecto pretende prohibir los juegos de azar durante el período establecido para la cuarentena. Las propias autoridades explicaron que la fecha estimativa de confinamiento obligatorio servirá para evaluar si las medidas adoptadas han funcionado o si se requerirá de otro tipo de estrategias, lo cual significa que probablemente continúe la cuarentena por más semanas. En el mejor de los casos, las actividades se irán habilitando de acuerdo a los rubros, iniciando por los imprescindibles y donde no se aglomeren personas. Por último, podrían reiniciar sus actividades los recintos cerrados, entre los que se encuentran las salas de juegos y los casinos.
Además, la propuesta prevé la suspensión de todo tipo de sorteos y que se validen los cupones o rifas ya adquiridos después de terminada la cuarentena, con el argumento de preservar los derechos de los jugadores ante esta situación. Según menciona, se quiere evitar que el dinero entregado por el Estado, como apoyo económico a personas y familias en estado de vulnerabilidad, sea utilizado en juegos de azar.
Al respecto, una simple lectura de esta inoportuna iniciativa posiciona a los diputados como oportunistas y desinformados, debido a que intentan regular temas que ya fueron abordados en su momento por el Poder Ejecutivo. Mediante diferentes decretos, el Gobierno paraguayo ha reglamentado el cierre de locales o recintos, teniendo en cuenta específicamente a los casinos.
En cuanto al uso del dinero otorgado por el Estado, también incluye una amplia regulación. Por ello, el proyecto deviene inoportuno, salvo que entre líneas escondan cuestiones no declaradas.
Ahora bien, el proyecto no discrimina ningún tipo de juego de azar, lo cual hace notar que el 100 por ciento de la industria estaría prohibida por la cuarentena. Esto denota un desconocimiento global de la actividad, pues a estas alturas, todos sabemos que el gobierno restringe la circulación y la aglomeración de personas, pero existen juegos online, que perfectamente pueden permanecer en el mercado porque no requiere de movilización del usuario ni su presencia en locales. Estos juegos deberían continuar operando, salvo que los propios operadores pidan la suspensión temporal por motivos propios.
Los diputados proponentes hubieran hecho mejor uso de su tiempo y condición para desarrollar proyectos de reactivación económica de esta industria, que se encuentra en un mal trecho desde antes de la pandemia y que seguro tendrá dificultades para el reinicio de sus actividades. Nadie se está ocupando de cómo las empresas del sector podrían acceder a créditos bancarios, ya que las propias entidades financieras han cerrado las cuentas de muchas compañías de juegos de azar.
La industria es una importante fuente de actividad económica del país, miles de familias subsisten diariamente de ella, en forma directa o indirecta. Este rubro contribuye con el Tesoro Nacional por medio de los diferentes impuestos, y financia la beneficencia y ayuda social por medio del pago de cánones fiscales al Estado central y a los municipios del país; aportes que, sin ingresos, evidentemente se verán afectados.
Sería oportuno que las autoridades legislativas y del Ejecutivo pergeñen proyectos precisos que validen la condición de la industria.