El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú publicó ayer el reglamento operativo del programa Reactiva Perú, que tiene el objetivo de garantizar créditos a empresas por un total de 30 mil millones de soles, en tiempos de pandemia. Las medidas de apoyo financiero, sin embargo, excluyen a los juegos de azar, un sector severamente golpeado por la crisis del coronavirus. José Miguel Chueca Santa María, director de la consultora con sede en Lima JMC Gaming Consultants, analiza para SBC Noticias la situación e insta al Gobierno a proteger a los trabajadores de la industria.
Sabemos que somos una industria mediática y estigmatizada injustamente, aunque convenientemente para algunos. No conozco otro caso donde todas las transacciones estén monitoreadas y reportadas en tiempo real. Menos aún me viene a la mente algún negocio que pague doble canon, o dos impuestos selectivos, como en nuestro caso. Porque es verdad, neciamente nos fue impuesta una absurda tasa que grava nuestros activos, disfrazada de ISC. Tampoco puedo recordar algún sector industrial que pague por su propia herramienta de fiscalización, quitándole ese gasto al Estado.
Durante todo este proceso del manejo de la crisis de la pandemia del coronavirus, además, hemos tratado desde nuestras posiciones de ser lo más conscientes posibles y colaborar con las medidas del Ejecutivo peruano.
Como empresarios de la industria del entretenimiento, tomamos todas las precauciones para proteger a nuestros consumidores. Se establecieron mecanismos de control sanitario complementarios a los ya existentes y se iniciaron campañas de concientización.
Como peruanos, entendimos que el rumbo debe ser uno solo: salir de esta situación y empujar el carro en la misma dirección, todos. Cerramos nuestras puertas el 15 de marzo, pero cumplimos mayoritariamente con nuestros trabajadores a final de mes, aún teniendo únicamente el 50 por ciento de los ingresos proyectados. Hacemos un esfuerzo grande por seguir adelante, honrando el pago de alquileres y de servicios generales, sin percibir ingresos. Esto, sin entrar en detalles, es ya un esfuerzo muy grande.
Pero paulatinamente hemos ido recibiendo, como recompensa, la indiferencia del Gobierno. Primero, con una posición laboral en la que se pretende que sigamos pagando sueldos y beneficios sociales sin tener ingresos. En este punto, parece que la Ministra de Trabajo (Sylvia Cáceres) considera que tenemos alguna fuente de recursos ilimitados, de la que podremos echar mano indiscriminadamente.
Mientras tanto, hay un doble discurso en relación con el trabajador. Por un lado, se pide no extinguir el vínculo laboral, pero por otro lado no se dan alternativas válidas para que esto sea posible. Se invoca a los empresarios a hacer un sacrificio, que en estos momentos es un salto al vacío. El Sector Trabajo demuestra que vive alejado completamente de la realidad.
Redondeando la lamentable actuación en este campo, el Reglamento de Reactiva Perú, que salió publicado en el Diario Oficial ayer (13 de abril), excluye expresamente de la posibilidad de acceder a algún crédito de salvataje a la industria de juegos de casino y máquinas tragamonedas, situándolo en una lista de actividades de percepción social negativa, junto a la prostitución y fabricación y comercio de armas. Es decir, el Estado acaba de gritar a los cuatro vientos que no le interesa el bienestar ni los derechos laborales de las más de 80.000 familias que viven formal y legalmente de esta industria.
Muchas de las personas que trabajan en nuestro sector son madres solteras, que constituyen un segmento de la población vulnerable del país. Les proveemos sueldos dignos y beneficios sociales para ellas y sus hijos, pero esto parece no ser de importancia para este Estado.
Acaba de abofetear a los empresarios que con esfuerzo invierten y reinvierten en el país, generando empleos y una contribución tributaria ligeramente menor a la pesca, por ejemplo, y muy superior al impuesto a las transacciones financieras.
El Gobierno del Perú, que durante meses ha proclamado el credo y enarbolado la bandera de la inclusión, tolerancia y lucha contra todo tipo de discriminación, acaba de actuar exactamente al contrario de todos estos principios, de manera probablemente inconstitucional, además. Pareciera que para la gestión actual los derechos laborales de todos los peruanos no son iguales.
No es posible que, en un momento de crisis mundial sin precedentes, donde la mayor preocupación es no romper la cadena de pagos, se tenga una actitud tan discriminatoria y poco responsable. ¿Cómo se espera que estas 80.000 familias subsistan en la crisis? ¿Seguirán pidiendo absurdamente que los empresarios busquen la olla de oro al pie del arcoíris para poder compartir algo de dinero con sus trabajadores?
Resulta paradójico y casi surrealista escuchar al Presidente del país (Martín Vizcarra) pedirnos unidad y apoyo entre todos, cuando precisamente nos acaban de dar la espalda de la manera más ofensiva posible. Es lamentable constatar cómo ciertos estigmas siguen estando presentes en niveles gubernamentales, acompañados de algunas decisiones, incomprensibles, que castigan a unos y privilegian a otros.
Hago votos sinceramente porque esta conducta intransigente, discriminatoria y ofensiva del Ejecutivo, que castiga la formalidad de un negocio plenamente establecido y contribuyente al 100 por ciento, regulado como ninguno, cambie en beneficio de las 80.000 familias que viven de él y contribuyen al empleo formal.
