El debate sobre el uso del Gran Casino del Sardinero volvió a instalarse en Santander después de que el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria anunciaran una inyección conjunta de un millón de euros para sostener la entidad. El Grupo Municipal Socialista adelantó que votará en contra de la medida, al considerar “injustificable” destinar fondos públicos a mantener la actividad de un espacio hoy reducido a hostelería y juego.
El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, recordó que la sociedad gestora del Gran Casino pertenece en partes iguales al Ayuntamiento y al Gobierno regional, por lo que ambas instituciones pretenden aportar 500.000 euros cada una.
“No se trata de sostener un negocio privado, sino de mantener un edificio público que perdió su carácter cultural”, expresó. En su opinión, resulta “contradictorio” que las mismas administraciones que promueven campañas contra la ludopatía destinen dinero público a sostener un casino.
El edificio, diseñado por Eloy Martínez del Valle e inaugurado en 1916, nació con una vocación muy distinta a la que hoy lo define. Durante gran parte del siglo XX, el Gran Casino fue escenario de bailes, conciertos, representaciones teatrales y galas que marcaron la vida social y cultural de Santander. Incluso en los años en que el juego estuvo prohibido, el espacio se reconvirtió en cine de arte y ensayo, y más recientemente acogió exposiciones y actividades del Festival Internacional de Santander.
“Ese es el verdadero espíritu del Casino: ser un referente cultural y un punto de encuentro ciudadano, no limitarse a la hostelería y el juego costeados con el dinero de todos”, afirmó Fernández.
Para los socialistas, los problemas financieros que hoy enfrenta la sociedad pública tienen su raíz en “pliegos mal diseñados, cánones irreales y contratos que otorgaban a la empresa privada todo el poder mientras el riesgo quedaba del lado público”. Por ello, el grupo propone abrir un debate ciudadano sobre el futuro del edificio y la pertinencia de mantener el juego en la ciudad, recuperando la esencia cultural con la que fue concebido hace más de un siglo.
“La solución pasa por rehacer los pliegos con rigor, establecer cánones realistas y proteger el patrimonio público. Lo que está en juego no es solo el futuro del Casino, sino el respeto al dinero de todos y la credibilidad de nuestras instituciones”, concluyó Fernández.
Nuevas medidas contra el juego en España
En paralelo a esta controversia, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, anunció que los portales de apuestas online estarán obligados a incluir advertencias visibles sobre los riesgos del juego.
La medida, que desarrollará el Real Decreto 958/2020, exigirá que las plataformas muestren mensajes similares a los de las cajetillas de tabaco, como “el juego problemático es un riesgo de apostar” o “la probabilidad de perder dinero es del 75 por ciento”. El objetivo, según Bustinduy, es trasladar la responsabilidad a las autoridades y no al jugador, garantizando entornos digitales más seguros.
