En Ecuador, el deporte más popular de Latinoamérica está bajo alarma por la escalada de violencia. La pasión colectiva por el fútbol hoy está condicionada por el crimen organizado, las apuestas ilegales, el lavado de dinero, las amenazas a jugadores y los amaños. Las alarmas son aún más fuertes ahora, ya que en apenas un mes, tres futbolistas profesionales fueron asesinados en circunstancias relacionadas, aparentemente, con el mundo narco.
El caso más reciente estremeció al país hace una semana, cuando Jonathan González, volante de 31 años conocido como “Speedy”, fue acribillado en su propia casa en Esmeraldas, una de las zonas más violentas del país. Según relatan allegados, nueve días antes de su muerte habría rechazado la orden de perder un partido. Esa negativa, informó la prensa local, derivó en que hombres en moto le dispararon en la cabeza, después de semanas de amenazas que incluyeron ataques a su auto y hostigamiento a su madre.
“Era un chico sano y murió por las apuestas”, lamentó Oswaldo Batallas, empleado del club 22 de Julio, donde jugaba el mediocampista.
El asesinato de González no fue un hecho aislado. Pocos días antes, en la ciudad de Manta, otros dos jugadores —Maicol Valencia y Leandro Yépez— fueron baleados en un hotel. Valencia murió en el acto y Yépez falleció en el hospital.
Las autoridades mantienen las investigaciones bajo reserva, sin descartar que la violencia responda al mismo patrón, donde los futbolistas son presionados por mafias que, a través de intermediarios, imponen qué partidos ganar o perder.
“Los apostadores son un eslabón más, detrás de ellos están las bandas que dictan las reglas”, explica un exjugador que pidió anonimato.
La violencia en el fútbol
En este marco, un informe de Naciones Unidas advierte que las redes criminales utilizan el deporte como plataforma de lavado de dinero en todo el mundo, con un volumen estimado de 1,7 billones de dólares anuales en apuestas ilícitas.
Pero en el país andino, la crisis de seguridad y el avance del narcotráfico han convertido las canchas en otro frente de la guerra. El experto en seguridad Fernando Carrión sostuvo que el fútbol resulta un “cebo irresistible” para las organizaciones criminales, y que las apuestas clandestinas son “un mecanismo práctico para lavar recursos, porque casi no existe fiscalización”.
Así, un informe preliminar de la liga detectó amaños en al menos cinco partidos de la segunda división este año. En uno de esos casos, un directivo del club Chacaritas habría confesado haber recibido una oferta de 20.000 dólares para perder un encuentro. En 2024, un video que circuló en redes mostró aparentemente a jugadores del mismo plantel tirados en el suelo, encañonados por mafias que los obligaban a dejarse derrotar. Entre los futbolistas amenazados figuraba Yépez, quien años más tarde fue asesinado.
Como destacó la prensa ecuatoriana, las organizaciones narco apuntan a los equipos más vulnerables —los de segunda división, con salarios bajos y poca protección institucional—, y a la dirigencia.
Según revelaron, el club Exapromo Costa, sucesor del Fijalan FC, habría sido señalado por su presunta conexión con la banda de Los Choneros, liderada por Adolfo Macías, alias Fito, extraditado a Estados Unidos. Documentos judiciales revelarían nexos de los hermanos Macías con el financiamiento del equipo. Por su parte, el exarquero chileno Nelson Tapia, que trabajó cinco años en Ecuador, aseguró que debió irse del país por las presiones: “Nunca me vendí ni trancé partidos, pero vi cómo los grupos criminales estaban detrás de los clubes. Hay jugadores muy buenos que quiero sacar de allá para que no terminen muertos”, contó a la AFP.
Asimismo, el propio Enner Valencia, máximo goleador de la selección, reconoció en 2023 que no se atrevería a volver a Emelec, su club de origen: “Me encantaría ir, pero no arriesgaría a mi familia ni a mí mismo en Ecuador”, confesó. Un año antes, su hermana había sido secuestrada.
Entre la regulación y el descontrol
El drama contrasta con los esfuerzos oficiales por ordenar el mercado legal de apuestas. A fines de julio de 2024, el Servicio de Rentas Internas (SRI) habilitó el registro de compañías operadoras tras la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.
Hasta ahora, 65 empresas se han inscrito, 63 locales y dos extranjeras, obligadas a cumplir con nuevas reglas tributarias. Sin embargo, el propio director del SRI, Damián Larco, advirtió que muchos operadores siguen al margen y advirtió que se intensificarán las fiscalizaciones para evitar evasión y competencia desleal.
